a Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) encontró una serie grave de irregularidades en el financiamiento de las agrupaciones políticas que buscan obtener registro como partidos. Entre las anomalías detectadas se encuentran haber recibido aportaciones de personas no identificadas y de entes prohibidos, el uso de una aplicación que no permite identificar al aportante, donaciones de personas sin capacidad económica para hacerlas, así como aportaciones en especie en las que no se acreditó la relación entre el aportante y el proveedor de los bienes y servicios.
De las siete organizaciones sancionadas, la que acumuló el mayor número de irregularidades fue Libertad y Responsabilidad Democrática, del ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala: el proyecto de los Calderón-Zavala para volver al primer plano de la política tras sus renuncias al Partido Acción Nacional, se hizo acreedor de casi la mitad de los 6.1 millones de pesos en multas tras la fiscalización que aprobaron los consejeros electorales en sesión virtual. En el otro extremo se encuentra Fundación Alternativa, del ex priísta César Augusto Santiago, que únicamente sería sancionado con 63 mil pesos.
Más allá del volumen de irregularidades perpetradas por cada una de las agrupaciones que buscan convertirse en partidos, está cla-ro que el hecho de haber incurrido en faltas de ética y en posibles ilegalidades en su proceso de conformación, las desacredita de origen para contender por el voto ciudadano. En efecto, si una de las principales obligaciones de toda persona que ocupa un cargo de elección popular es cumplir y hacer cumplir las leyes, supondría un despropósito permitir que instituciones surgidas de la burla y el quebranto a la legalidad sean las que decidan e impulsen las candidaturas de quienes habrán de desempeñar dichos cargos.
Además de la credibilidad de la democracia, están en juego cuantiosos recursos del erario. Cabe recordar que apenas el 7 de agosto el Consejo General del INE aprobó el financiamiento público para las fuerzas partidistas en 2021, el cual será de 7 mil 226 millones de pesos. Bajo el actual esquema establecido para el reparto de dicha bolsa, todas las agrupaciones que logren el registro recibirán una parte significativa de ese monto que, es necesario insistir, resulta en sí mismo difícil de justificar a la luz del pobre desempeño de la mayor parte de la clase política.
En suma, otorgar el registro a las agrupaciones que ya exhibieron su ausencia de escrúpulos al tomar atajos fraudulentos en la búsqueda de sus objetivos, sería nada menos que un premio a la ilegalidad y a la simulación, es decir, perpetuar el régimen de corrupción hacia el que los ciudadanos han manifestado repetidamente su hartazgo. Cabe esperar que la autoridad electoral esté a la altura de su misión, y se niegue a ser partícipe de tal afrenta.
