La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si el veto (pin) parental es violatorio de la Constitución federal.

El máximo tribunal admitió a trámite dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados locales y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA).

En ambas, se impugnan las reformas a la Ley de Educación estatal, en cuyo artículo cuarto se incluyó un quinto párrafo que establece: la autoridad educativa estatal dará a conocer, de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia, a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones.

En su demanda, la CDHEA señala que desde la aprobación de esta reforma, en mayo pasado, recibió diversas expresiones de grupos locales en favor y en contra, por lo cual decidió hacer uso de sus facultades legales para solicitar a la SCJN que analice el tema y defina si el pin parental es contrario a la Carta Magna.

La acción promovida por 11 diputados locales de Aguascalientes advierte que el veto parental es contrario al derecho a la educación, consagrado en la Constitución federal, pues limita a los alumnos el acceso a información sobre sus cuerpos y la concepción del universo basada en la investigación científica.

El concepto del pin parental fue creado por el partido de ultraderecha español Vox, tomando la idea de la clave que los padres de familia pueden poner en computadoras, televisores y dispositivos electrónicos, para que sus hijos no puedan acceder a ciertos contenidos.

En México, la idea fue copiada por legisladores de los partidos Acción Nacional y Encuentro Social, que la han propuesto en 18 congresos estatales. Aguascalientes fue donde primero se hizo ley, y también donde primero se impugnó ante la SCJN, donde ahora se decidirá si este mecanismo de control parental viola los derechos de los menores de edad.