Mexicali, BC., El concejo fundacional que gobernará el nuevo municipio de San Quintín estará presidido por la diputada local de Morena Miriam Cano, según la propuesta del gobernador Jaime Bonilla al Congreso de Baja California, por lo que de facto será el sexto municipio morenista.

Bonilla Valdez también candidateó a Aristeo Gracias, presidente de la empresa Fernando Amilpa, concesionaria de transporte en San Quintín y beneficiario de programas sociales de la 4T.

Ambos sustituyen a los que en su momento fueron candidatos a ese concejo: el fallecido activista Candelario Ríos Acosta y el agroindustrial Salvador García, quien no pudo reunir los documentos previstos en el oficio 144/2020 del 31 de julio, dirigido al presidente del Congreso local, el petista Julio César Vázquez.

La propuesta del mandatario está basada en el artículo 49 de la Constitución local, que regula la facultad del Ejecutivo de proponer al Congreso los nombres de los vecinos para que designe a los integrantes de los concejos municipales.

De aceptar la propuesta, Miriam Cano deberá solicitar licencia definitiva al cargo de legisladora 90 días antes desu nombramiento, previsto para el primero de diciembre, cuando se inicia el proceso para elegir gobernador, 25 diputados locales y cinco ayuntamientos.

Este concejo entrará en funciones el primero de octubre y durará cuatro años, hasta que se elija al primer ayuntamiento en los comicios de junio de 2024. El ente fundacional constará de cinco personas.

Conforme al artículo 27 de la Constitución local y la Ley Orgánica del Régimen Municipal, corresponderá al pleno de la Cámara de Diputados designar a las cinco personas que fungirán como concejales propietarios y a sus suplentes.

Por otra parte, en la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender cualquier efecto legal del decreto emitido por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, que cancelaba el cobro en la autopista escénica Tijuana-Ensenada, publicado en el Periódico Oficial de Baja California el día martes 7 de julio de 2020, en su totalidad, así como los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación.”

Aunque el mandatario anunció que dejaría sin efectos su decreto, la medida no se ha hecho oficial; además, al ser admitida a trámite por la SCJN, la controversia seguirá su proceso, debido a que el asunto contiene temas de constitucionalidad.

El litigio comenzó en julio, cuando Bonilla reabrió la vía argumentando que había emitido un decreto.