Juan Ignacio Fernández Carbajal, como director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, fue el encargado de diseñar el proyecto para prorrogar hasta 2094 el fin de la concesión del principal puerto de Latinoamérica. El aval fue firmado a su vez por Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio pasado.

Con el objetivo de fomentar y brindar las condiciones necesarias que generen certidumbre financiera y operativa de las empresas interesadas en invertir en la ampliación natural del puerto de Veracruz, que concluiría su última etapa en 2030, Fernández Carbajal pidió la prórroga de la concesión, según el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2018.

Con el cambio de administración, Fernández Carbajal –hermano del presidente de Fomento Económico Mexicano (Femsa), José Antonio Fernández Carbajal, apodado El Diablo– salió de la API-Veracruz.

En enero de 2019 el gobierno federal –accionista mayoritario de las API federales, como la de Veracruz– contrató en su lugar a Miguel Ángel Yáñez Monroy. Dicho relevo fue avalado por Raquel Buenrostro cuando aún estaba a cargo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así consta en los registros de asambleas de la empresa referidos en el Registro Público de Comercio (RPC).

La API de Veracruz se creó en 1994, como un continuo del Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas de Gortari, cuya administración consistió en vender bancos y empresas estatales a la iniciativa privada. El acta constitutiva subraya que 99.8 por ciento de acciones del capital fijo de la empresa es propiedad del Estado mexicano.

Jaime Corredor Esnaola fue la otra parte accionista. En ese momento, 15 de diciembre de 1993, firmó a título personal y luego, en la administración de Ernesto Zedillo, fungió de director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). De la información pública de asambleas, que se reportan al RPC en su formato electrónico, no se detalla cambio alguno en este reparto accionario, que consideró como particular al ex funcionario.

Las API federales están constituidas como empresas públicas prioritarias. Se encargan de la planeación, programación, desarrollo, uso, aprovechamiento y explotación del puerto en concesión que es propiedad del gobierno federal, así como para la construcción de obras, terminales marinas e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios.

El director general, quien es nombrado por el Ejecutivo federal, tiene entre sus poderes suscribir títulos de crédito, otorgar o revocar todo tipo de poderes, integrar los proyectos de programa maestro de desarrollo portuario y de las reglas de operación, así como proponer el nombramiento o remoción de los funcionarios que ocupen los dos niveles siguientes al de él. Además, suscribir los contratos de cesión parcial de derechos para la operación de terminales e instalaciones y prestación de servicios portuarios.

La API de Veracruz ha dado para 198 procedimientos de fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación. Esto, entre recomendaciones y promociones para que el órgano de control inicie investigaciones a funcionarios. En cuanto a la revisión de recursos públicos, se han hecho siete pliegos de observaciones por obras que no se efectuaron y sobreprecios.

Cuatro de esos pliegos derivan de la cuenta pública de 2018 y por ellos se estima un daño a la hacienda pública por 11 millones 295 mil 425.29 pesos. Ese faltante corresponde al tiempo en que Juan Ignacio Fernández Carbajal dirigió la empresa portuaria con la consigna de ampliación natural del Puerto de Veracruz en la zona norte, el principal proyecto portuario de la administración de Enrique Peña Nieto.