Los más afectados con una posible instalación del pin parental –iniciativa de ley con la que los padres de familia impedirían a sus hijos asistir a cursos sobre educación sexual cuando no coincidan con sus convicciones morales o religiosas– son niñas, niños y adolescentes.

Intersecta y Católicas por el Derecho a Decidir alertaron que los menores a quienes se limite esta información no tendrán acceso a una educación laica ni científica, con perspectiva de género que permita tener herramientas para que enfrenten la violencia sexual o los embarazos no planeados, por lo que se corre el riesgo de generar mayor discriminación y desigualdad.

El impacto en las niñas es incluso mayor, porque ellas son las principales víctimas de violencia sexual y quienes cargan con el peso de un embarazo no deseado, aseguró Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta.

Agregó que a ellas se suman los menores Lgbti a quienes sus padres pueden vetar que tengan información sobre diversidad sexual.

En el país, al menos en 18 estados, se han promovido iniciativas relacionadas con el pin parental: Aguascalientes, Nuevo León –donde fue rechazada–, Chihuahua, Querétaro, Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Baja California, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Morelos, Ciudad de México, Jalisco, Hidalgo, Guerrero y Coahuila. Las propuestas han sido planteadas por partidos como Encuentro Social y Acción Nacional, al igual que grupos conservadores como el Frente Nacional por la Familia y la Unión de Padres de Familia.

Vela destacó que jurídicamente no se sostiene el argumento principal de iniciativas de este tipo, respecto a que madres y padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que pueden recibir sus hijos de acuerdo con sus convicciones y creencias.

Ellos pueden elegir la educación en casa, pero los contenidos escolares tienen límites constitucionales claros, pues explícitamente en el artículo tercero se incluye el derecho a la educación sexual y con perspectiva de género.

Señaló que las garantías que viola el pin parental son múltiples. La educación no sólo se conecta con el derecho, sino con la salud e igualdad.

Aidé García, de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que la educación sexual y reproductiva ha sido uno de los temas más controversiales y discutidos por parte de grupos conservadores que coinciden de manera ideológica con las propuestas de algunos partidos. También están las iglesias, como la católica, que en diferentes momentos se ha manifestado contra estos temas.