l conflicto parece eterno, al igual que la impunidad empresarial y el conveniente olvido de las instituciones que, por ley, debieron arreglar el problema de inmediato, pero como todos los involucrados velaron por sus propios intereses –sobre todo los barones de la minería– transitaron tres gobiernos federales para que, al final, se pudiera abrir una puerta con ganas de resolver una huelga legal que se prolonga ya por 13 años.

El presidente López Obrador anunció el viernes: seré intermediario entre el Grupo México (del impune barón Germán Larrea) y el sindicato nacional de trabajadores mineros (Napoleón Gómez Urrutia) para resolver el conflicto (léase la huelga que estalló 13 años atrás por violaciones al contrato colectivo de trabajo y en demanda de mejoras salariales y de seguridad) en Taxco, Guerrero, porque con ambos tengo buena relación (por cierto, no se trata de esto último, sino de legalidad).

Tal huelga (junto con las de Sombrerete, Zacatecas, y Cananea, Sonora, todas concesionadas a Larrea) estalló el 30 de julio de 2007; desde entonces dos inquilinos de Los Pinos ( Borolas y Peña Nieto) y 4 titulares de la Secretaría del Trabajo (con ganas de sumar a la número 5; es decir, la actual) no movieron un pelo para resolver la huelga, porque su único afán fue proteger los intereses del barón.

En aquella fecha el sindicato minero denunció que, con la complicidad gubernamental, Grupo México no quiere revisar el contrato colectivo ni establecer medidas de seguridad, pero sí promueve despidos injustificados y envía grupos de choque para intimidar a los trabajadores que ya no tolerarán esa situación. Y estallaron las huelgas, que a estas alturas se cuentan entre las más prolongadas de la historia de México.

Pero el conflicto no sólo es laboral: Grupo México dejó un tiradero tóxico en la mina de Taxco que ninguno de los tres titulares prianistas de la Semarnat (tampoco los de ahora, porque en la Oficina de la Presidencia Larrea tiene a su protector Alfonso Romo) ni los cinco procuradores federales de Protección al Ambiente atendieron en el mismo periodo.

Larguísimos 13 años sin solución laboral ni ecológica, pero sí de impunidad para el barón, mientras los gobiernos calderonista y peñanietista siguieron otorgando concesiones a Larrea. Veremos si ahora se aplica la ley.

En vía de mientras vale retomar algunos pasajes de un reportaje publicado el 27 de septiembre de 2014 en La Jornada Guerrero, que dio cuenta puntual del desastre ecológico en la citada mina guerrerense, provocado por la empresa de Larrea: “la Profepa detectó que el suelo de los jales mineros de la unidad Taxco que explotaba Minera México están contaminados de arsénico, plomo, cadmio y vanadio. Sugiere en el estudio aplicado al suelo de jales abandonados en 2009, 30 meses después de estallar la huelga de los mineros de la sección 17, que la Comisión Nacional del Agua analice los niveles de contaminantes en los caudales de agua. Ese dictamen se identifica con el oficio PFPA/3.1/2C.26.1/00011-09 (eso en pleno gobierno calderonista, con Patricio Patrón, en Profepa, y Juan Rafael Elvira, en Semarnat).El río Balsas sufre las consecuencias de los escurrimientos de esos jales y de los ácidos de metales de la mina….

“El total de las muestras de suelo de las presas de jales se considera que, con respecto al arsénico y plomo, rebasaron los límites máximos permisibles… El sindicato minero exigió a Minera México que se responsabilice de los daños y los corrija. El 30 de julio de 2007 los 398 mineros de Taxco se declararon en huelga; reclaman cumplimiento al contrato laboral. Un mes antes de estallido (julio de 2007, por razones de inseguridad y contaminación, que representan un constante peligro de muerte para los mineros), la empresa dijo que cerraría porque la unidad ‘agotó sus reservas’, pero los mineros calculan vida por 25 años más”.

Las rebanadas del pastel

¿Qué tienen en común los 10 gobernadores de la autodenominada Alianza Federalista? La lengua muy larga y las ideas muy cortas.

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