odo indica que se ha incrementado recientemente la presencia y acción de los militares en América Latina, y esto a medida que aumentan los conflictos sociales en los países del continente y que recuerda los tiempos en que las fuerzas armadas se entrometían para definir asuntos de política interna, básicamente instaurando regímenes de facto después de consumar frecuentes golpes de Estado.

Chile atraviesa ya varias semanas de revueltas sociales y se confirmó al jefe de las fuerzas armadas, Javier Iturriaga, quien estuvo a cargo del estado de excepción decretado por el Ejecutivo en la Región Metropolitana que abarca Santiago, la capital del país. En ese lapso, la Fiscalía de Chile registró al menos 23 muertes hasta el 30 de octubre, aunque según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país, hasta el 18 de noviembre hubo un total de 6 mil 362 detenidos y 2 mil 391 heridos. El mandatario chileno ya fue denunciado en la justicia local por presuntos delitos de lesa humanidad, entre ellos se destacan homicidios, torturas, abusos sexuales y detenciones ilegales ( Le Monde Diplomatique, 3/2020).

El golpe de Estado en Bolivia, que aún ahora se discute por sus características, está envuelto en una ola de tensión luego de que Evo Morales se viera obligado a renunciar a la presidencia tras el pedido de dimisión expresado públicamente por las fuerzas armadas y la policía el 10 de noviembre pasado, consumándose así un claro golpe de Estado. Desde la salida del gobierno de Evo Morales, la Defensoría del Pueblo dictaminó que ocurrieron una serie de muertes bajo el gobierno de Morales, en medio de protestas por las sospechas de fraude electoral por su triunfo en primera vuelta. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó duramente un decreto promulgado por el gobierno de facto en Bolivia, que libera de responsabilidades penales a los uniformados por su accionar en las manifestaciones: Desconoce los estándares internacionales y por su estilo estimula la represión violenta, alertó el organismo.

Por otra parte, debe decirse que desde el año pasado la región andina fue escenario de masivas movilizaciones contra un plan de recortes aplicado por el gobierno de Lenín Moreno, luego de que Ecuador contrajo una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, en Ecuador también se destacó la aplicación del toque de queda, la militarización de Quito y el uso de la fuerza contra civiles. Al respecto, se radicaron un número importante de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Durante largo tiempo los conservadores latinoamericanos buscaron refugio en la teoría de los ciclos. Después de un tiempo en que la izquierda hubiera dominado, vendrían otros gobiernos con un signo distinto en que también desarrollarían sus programas. Pero la realidad no se ajusta siempre a la teoría. En 2016, la revista mexicana Expansión (de derecha) suspira con alivio, el péndulo favorece a sus intereses: Argentina acaba de elegir como presidente a un hombre de negocios (Mauricio Macri); el industrial Pedro Kuczynski se instala en el palacio presidencial peruano; en Brasil, Michel Temer expulsa del poder al Partido de los Trabajadores, y en Chile, llega el jefe de empresa Sebastián Piñera. En esos años, sin embargo, en la casi totalidad de países latinoamericanos aumentan la pobreza, la desigualdad y la inflación.

Hoy, la situación no es gloriosa en prácticamente ninguna región latinoamericana, aunque están aún por verse en México los resultados del gobierno de izquierda de Andrés Manuel López Obrador, quien ganó limpiamente y con gran margen las elecciones en 2018. Su gobierno, en principio, ha iniciado bajo los mejores auspicios. Después de varios gobiernos del PRI-PAN (Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) en que prevaleció galopante la corrupción y el desgobierno, las grandes mayorías del país exigían un nuevo comienzo, una renovación profunda de la política y la economía mexicanas, que había implantado diferencias abismales entre los que no tienen nada y los que lo tienen todo.

Era suficiente con observar la profunda crítica y despegue de las mayorías populares en México respecto a los anteriores gobiernos del PRI-PAN, en 2018, y la agudeza política de AMLO para explicar el nuevo tiempo mexicano, con rasgos izquierdistas y antineoliberales que, por supuesto, han escandalizado profundamente a la oligarquía mexicana. Para algunos de esta clase, al principio, apenas concedían unos meses para presenciar el derrumbe de AMLO, que lejos de producirse ha exhibido un renovado fortalecimiento a medida que pasan los meses.

Es verdad, un relativo fortalecimiento porque la mayoría de la gran prensa y de los canales de TV, en manos de la oligarquía, han montado un diario coro crítico al gobierno de AMLO. Éste, sin embargo, con la ayuda que proporciona a muy importantes sectores de las clases populares: personas de la tercera edad, jóvenes con escasos recursos, negocios no formalizados y también con recursos estrechos, sumados, como decíamos antes, a amplios sectores que han visto o sufrido en carne propia el saqueo, siguen representando una fuerza política imparable en favor de López Obrador. Las elecciones de 2021 y el criterio que se exprese en la continuidad del mando del Presidente o en el fin de su función, serán pruebas decisivas sobre su fuerza política y la continuidad de una izquierda que busca mantener relaciones estrechas con la iniciativa privada, sin modificar sustancialmente las relaciones de producción en el país.