engo una pésima relación con el glifosato y con quienes lo elaboran, distribuyen y promueven en el mundo. Data de hace un cuarto de siglo, al ser una de las personas a quienes organismos internacionales encargaron estudiar los efectos de tal compuesto en los sembradíos de mariguana que los capos de la droga de Colombia establecieron a partir de 1970 en la reserva natural Sierra Nevada de Santa Marta, la única montaña intertropical con nieves perpetuas. Se levanta desde el nivel del mar hasta 5 mil 800 metros. Ahí nacen 16 ríos y más de 100 riachuelos que sirven para irrigar miles de hectáreas agrícolas y abastecer de agua a las ciudades costeras. En esa sierra viven pueblos indígenas milenarios, como los arhuacos, kogui y malayos.

El Inderena, responsable en Colombia de cuidar los recursos naturales, mostró su desacuerdo con las fumigaciones en todo el país al lado de científicos, grupos sociales y destacados políticos. Pero se impuso la estrategia química trazada por Estados Unidos para acabar con las siembras de mariguana y coca. Las conclusiones de nuestro informe coincidieron con las de otros estudios sobre los efectos nocivos del glifosato en la salud, en especial de los indígenas; por contaminar agua y tierra y matar fauna y flora. Además, las fumigaciones se realizaban sin las mínimas medidas recomendadas por Monsanto, su fabricante, para evitar daños mayores.

Durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos se prohibió su aspersión ante los evidentes daños que causaba. Pero su sucesor, Iván Duque, delfín del ultraconservador ex presidente Álvaro Uribe, propone utilizarlo de nuevo ante el fracaso de los programas para sustituir cultivos ilícitos. Olvida Duque que el problema de éstos es social, económico y político y que los más perjudicados son los 100 mil campesinos e indígenas cultivadores de coca, que ven afectados sus cultivos básicos para su alimentación y padecen daños en su salud y el medio ambiente en que viven.

En México y en otras partes de América también me he encontrado con el glifosato. En Argentina y Brasil, por ejemplo, por las muertes y daños a la salud de pobladores de zonas donde se cultiva soya transgénica de Monsanto. En Centroamérica, en las plantaciones de caña de azúcar. En nuestro país, la mala relación comenzó durante los estudios de campo que realicé para el libro Los plaguicidas en México, publicado en 1991 por la editorial Océano, de don Andrés León Quintanar, y reditado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando la presidió el doctor Jorge Carpizo. En varios artículos en La Jornada he detallado la complicidad de las autoridades sanitarias, agrícolas y del medio ambiente con ese compuesto y con el arsenal químico que se utiliza en México en la agricultura desde hace décadas. El glifosato también se aplicó en 1994 para diezmar el lirio acuático en la presa Endhó. Se quiso hacer lo mismo en el lago de Chapala. Lo impidieron los ambientalistas de Jalisco.

Los males que ocasiona ese compuesto están bien documentados por la doctora Lilia A. Albert y la maestra Alma Delia Viveros. En sus más recientes libros sobre los riesgos de los plaguicidas para el ambiente y la salud muestran cómo en México las autoridades alientan el uso de más de 180 altamente peligrosos. También lo documentan las publicaciones de la Red de Acción contra los Plaguicidas (Rapam), los investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y de más de 20 universidades.

Hace poco, el Presidente de la República estuvo en tierra de los yaquis. Creo oportuno recordar que en 1989 Mónica García y María Mercedes Meza, investigadoras del Instituto Tecnológico de Sonora, estudiaron a 40 madres de pueblo yaqui y encontraron en sus organismos altos niveles de plaguicidas. Además, sus hijos recién nacidos traían en su sangre nueve diferentes. Ese número aumentó cuando fueron alimentados con leche materna, contaminada por plaguicidas. Eso no sucedió con las que no lo hicieron.

Tan terrible realidad se suma a muchas más en el país con muertes por cáncer y otras enfermedades. Por fortuna, a diferencia de sus antecesores, el titular del Medio Ambiente federal, Víctor Toledo, se niega a ser cómplice de las poderosas empresas fabricantes y comercializadoras de agroquímicos y transgénicos. En un país de leyes, está haciendo realidad las normas constitucionales de garantizar el derecho a la salud y a disfrutar de un ambiente sano. Es lo que deben hacer los demás funcionarios.