s claro el modelo político adoptado por el gobierno actual, el primero que en décadas alcanzó un triunfo intachable, no objetado, en un proceso democrático apegado a las normas, y eso, no obstante que hubo fraude, pero no cometido por quienes triunfaron; lo asombroso fue que la cifra de votos a favor alcanzó un número tan abrumador que hizo imposible que fuera superado mediante triquiñuelas.
Lo importante ahora, lo evidente, es que el gobierno reconocido como el triunfador por los organismos electorales y por los propios contrincantes, actúa apegado al sistema republicano y democrático establecido en el artículo 40 de la Constitución y en la economía se atiene a lo dispuesto en el llamado capítulo económico
, estructurado en los artículos 26, 27 y 28 de la Carta Magna.
No pudieron hacer fraude y resultó vencedor el candidato opositor. En las décadas finales del siglo pasado, un operador político, cuyo nombre se me olvida, presumía: “A la legalona puedo cambiar un resultado cuando la diferencia es de 10 por ciento o poco más”; en 2018 no fue el caso, la catarata de votos fue imparable.
Ante lo irrebatible, los adversarios derrotados optaron por una campaña muy elaborada, pero torpe, de acusaciones, denuestos y calumnias para minar la confianza de la gente en el gobierno y han logrado penetrar un sector de la clase media, muy identificado; les molesta del gobernante desde su edad, sus decisiones de gobierno más significativas y hasta su guayabera arrugada al final de un viaje.
Pero el colmo ha sido lo declarado por un alto dignatario de la Iglesia católica que ha repetido una acusación extremista, según la cual México, con Morena y López Obrador, va directo
al comunismo; se ha rebatido en todos los tonos, algunos con una sonrisa en los labios y otros más acremente, la infundada advertencia del prelado, quien por otra parte, por su edad y cargo, merece respeto.
Pero por ello conviene, como lo digo al inicio de esta colaboración, precisar el sistema político imperante en México; se funda en disposiciones constitucionales y en nuestra propia historia. Nítido para muchos, pero no entendido por otros y distorsionado en forma intencional por la minoría rencorosa, herida en su vanidad y, en algunos casos, en sus intereses, por lo cual se propone, por todos los medios, vengar
políticamente lo que no puede asimilar y ahora teme, pues ve cómo lo ofrecido en campaña –combatir la corrupción y la impunidad– va en serio; ya están varios de los llamados peces gordos
bajo proceso penal y se investiga a muchos más.
Ahora, lo declarado por el extraditado Emilio Lozoya revela algo ya sabido o al menos sospechado; no hay duda de que hubo, en gobiernos anteriores, compra de sufragios en las elecciones; compra de votos de diputados y senadores en las reformas estructurales
y hasta compra de partidos; estas declaraciones lo confirman. Lamentable que el PAN, iniciador de la lucha por la democracia, haya vendido su primogenitura por un plato de lentejas.
El exceso de corrupción colmó la paciencia de los votantes y provocó el cambio del partido gobernante, pero de eso a ir camino al comunismo, término en desuso, hay mucha distancia; prácticamente ha dejado de emplearse desde que a mediados del siglo pasado se generalizó la idea del fin de las ideologías; por ello, urge explicar.
Bien observadas las cosas, el gobierno tiene dos objetivos: uno, cumplir estrictamente con el título tercero de la Constitución que se ocupa de la división de poderes, y dos, en materia económica, con el sistema de economía mixta, surgida de la Revolución Mexicana.
En la parte política, somos una república democrática, nuestro régimen es presidencialista y, como lo ha destacado el constitucionalista Felipe Tena Ramírez, nuestra legislación sui géneris es presidencialista con matices parlamentarios
. Desde que protestó como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador expresó con toda claridad que no tendría injerencia en las decisiones de los otros poderes, y lo ha cumplido. Ciertamente, ejerce las facultades que esos matices parlamentarios le confieren en su calidad de titular del Ejecutivo, presenta iniciativas de leyes, ternas para cargos públicos, tiene el derecho de veto, designa a su gabinete y a los funcionarios de otros poderes cuando la ley así lo autoriza.
En materia económica, sigue las disposiciones constitucionales vigentes desde 1917 con reformas que reconocen tres sectores de la economía, respetados y defendidos expresamente por el titular del Ejecutivo. Son el sector público, el sector privado y el sector social. No hay ningún atentado en contra de la propiedad privada, se contratan empresas particulares para hacer obra pública y mediante reformas constitucionales que debe aprobar el constituyente permanente, se van rescatando paulatinamente las áreas estratégicas, hidrocarburos y electricidad, de que fuimos despojados por el llamado Pacto por México. Es nuestro sistema, sustentado en nuestras leyes.
