Aunque la pandemia de Covid-19 ha complicado los trabajos de la iniciativa de reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos originarios y afromexicano, hay avances, aseguró Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

“La iniciativa está casi completa en la parte normativa y en la exposición de motivos. Tenemos que entregar esta propuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la consejería jurídica e instancias que correspondan, y será una decisión del presidente su envío al Congreso de la Unión.

Aseguró que se desea retomar el tema en los últimos meses del año, pues 2021 tiene una importancia histórica, se cumplen los 500 años de la conquista de la gran Tenoch-titlan, y lo que representó en términos de exterminio, despojo y la agresión histórica que han sufrido pueblos indígenas.

Tras recordar que López Obrador ha pedido al Vaticano y al gobierno español perdón para las comunidades originarias, y que la semana pasada en Vícam (uno de los pueblos yaqui) volvió a reiterar que el Estado mexicano pedirá perdón por los agravios, injusticias y los despojos, Regino Montes sostuvo que la reforma es un hecho concreto en ese camino. Sin duda la propuesta de reforma contribuirá a que se pague esta deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las comunidades indígenas y afromexicanas, aseguró.

Las propuestas para la iniciativa surgieron de las propias comunidades, pues se realizaron 52 foros regionales, uno nacional y otro en Estados Unidos, con compatriotas de pueblos originarios que emigraron. No es un texto de escritorio, no se hizo en una oficina o un despacho: lo hemos construido con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es emergido de la voz de las comunidades.

La principal demanda es que se retome lo emanado de los Acuerdos de San Andrés, respecto a ser considerados como sujetos de derecho público, y no como se definió en la reforma de 2001, que los considera “sujetos de interés público. Eso es tanto como considerarnos objetos, y en el mejor de los casos como sujetos pasivos de las normas y políticas públicas. Esto tiene como consecuencia que no se dé validez a las decisiones adoptadas en asambleas comunitarias, que no se reconozca las formas de gobierno, incluso que no se puedan ejercer recursos públicos de manera directa.

Otra demanda que deberá quedar plasmada en la reforma es el reconocimiento de sus tierras, territorios y recursos naturales, pues las comunidades han sido víctimas del despojo.