Lo que el T-MEC nos traerá

Desde el 1 de julio pasado, el comercio entre Canadá, Estados Unidos y México está regulado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un nuevo capítulo en las relaciones de compra–venta entre las naciones que, antes de la entrada en vigor de este nuevo acuerdo, regulaban sus intercambios comerciales a través del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN).

La entrada en vigor del T-MEC no ha estado exenta del debate y la polémica. Hay quienes lo asumen como una oportunidad de crecimiento, pero también quienes lo perciben como una continuidad del tratado anterior, en beneficio de los grandes consorcios de diferentes sectores económicos.

Como parte de estas discusiones, el Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo la mesa redonda Implicaciones ambientales del TMEC, en la que especialistas en varias temáticas relacionadas con el medio ambiente señalaron los puntos a favor y en contra de la nueva medida.

La fragilidad del campo

En el área de agricultura, Malin Jönsson de Semillas de Vida señaló que hay diversos puntos cuestionables en el nuevo tratado, entre ellos, el fomento a la explotación agroindustrial, pero aún con la visión de poder incorporar algunos productos transgénicos a través de la importación de granos, debido a que, si bien en el país, prohíbe la siembra de este tipo de cosechas, a través de la importación de semillas es posible sembrarles.

Añadió que hay cierta continuidad con respecto al tratado anterior debido a que seguirán otorgándose subsidios en Estados Unidos, disfrazados de otro tipo de incentivos, a fin de lograr reducir los precios, poniendo en una situación de fragilidad al campo mexicano, donde la producción aún no es a gran escala como en otros países.

Sin embargo, la también académica externó que lo más preocupante del convenio es la obligatoriedad del ceñimiento al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 91, que permite “proteger al ‘obtentor’ por descubrimiento o invención de una semilla, dando protección a la propiedad intelectual de las semillas”.

Lo anterior, obliga a México a reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales, poniendo en riesgo la protección a la biodiversidad existente en el país. Un asunto que ya está en discusión en la Cámara de Diputados.

Minería

Alrededor de 70 por ciento del territorio nacional tiene minerales, sólo se ha explotado alrededor de 20 por ciento, y actualmente, está concesionado alrededor del 12 por ciento, refirió Aleida Azamar, investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, para explicar que la mayoría de estas concesiones han sido otorgadas a empresas extranjeras, muchas de ellas canadienses.

Para la también presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, la minería no genere los beneficios económicos esperados, pues sólo contribuye con 1 por ciento al Producto Interno Bruto y genera menos de 100 mil empleos en el país, de los cuales, menos del 1 por ciento son formales.

A manera de recuento histórico, la investigadora comentó que a partir de la década de los 90, con la entrada en vigor del TLCAN, los proyectos mineros se convierten en megaproyectos, muchos de ellos a cielo abierto, provocando daños ambientales severos.

Además de no traducirse en beneficios para las comunidades, pues de manera contrastante, aseguró la autora de Minería en América Latina y México, donde los yacimientos son muy ricos, los niveles de pobreza y desarrollo están por encima de la media nacional, con carencia de servicios.

Situación que, aseguró, no cambiará mucho con el T-MEC, pues continuará limitada la capacidad de defensa comunitaria; seguirá vigente la posibilidad de aprovechar los recursos disponibles sin rendir cuentas así como las cláusulas en las que el Estado debe compensar a las empresas en caso de problemas sociales; se generará inversión social, deducible de impuestos, mediante reforestaciones, tratamiento de agua, construcción de centros de salud, los cuales, sólo duran el tiempo que dura el proyecto minero; la minería vuelve a ser prioridad por sobre la agricultura y otras actividades, y se darán concesiones por 100 años.

“Un verdadero cambio sería modificación del modelo de producción minero, mejorar la normatividad ambiental y de la defensa social, y fortalecer las instituciones de regulación minera”, aseguró Azamar.

Pesca y mares

A diferencia del TLCAN, en el nuevo tratado se pone más atención a la actividad pesquera y al cuidado de los mares, refirió Juan Manuel Calderón de Environmental Defense Fund, quien consideró positivo que se impulsen medidas como la restricción a las exportaciones de pesca en caso de escasez alimentaria crítica y la imposición de reglas más estrictas para el acceso al mercado.

De esta manera, enfatizó Calderón, se propiciarán actividades responsables y controladas para que ecosistemas acuáticos reciban el menor impacto posible; disminuya la pesca ilegal, se conserven las especies, y se garantice la sustentabilidad de la pesca.

En el caso de la protección de los mares y las costas, se exhorta a la puesta en acción de prácticas no contaminantes, tomar en cuenta las necesidades de las comunidades cercanas a la costa, reducción de basura marina y de contaminación de buques.

Sin embargo, lo anterior no puede lograrse, indicó el especialista, sino se garantiza la sustentabilidad, el fortalecimiento de las instituciones ambientales, la vigilancia del cumplimiento de las normativas, el acceso a los mercados, el diseño de políticas con una visión integral y el considerar los aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales y comunitarios alrededor de las actividades económicas.

Capítulo 24

Un aspecto novedoso del T- MEC fue la inclusión del capítulo 24, dedicado exclusivamente al medio ambiente, sin embargo, Gustavo Alanis, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental consideró que el lenguaje jurídico de este apartado es “suave” y no implica verdaderas sanciones o regulaciones drásticas.

Para el catedrático de la Universidad Iberoamericana, el gran reto en materia ambiental del T-MEC es cómo llevar a la práctica todo lo establecido en el tratado, aplicando las leyes ambientales sin dañar al comercio o evitando el debilitamiento de las mismas.

Algunos puntos favorables, consideró el especialista en derecho ambiental , es la inclusión de la protección de la capa de ozono a fin de prevenir efectos adversos a la salud humana y al medio ambiente, y la regulación de comercio de sustancias agotadoras de la capa de ozono y de la necesidad de la conservación del aire limpio.

En contraparte, consideró que el mayor reto será que haya sanciones a cualquiera de los tres países en caso de no cumplir con los cuidados ambientales necesarios ni garantizar los derechos ambientales asociados a estos. •