La extracción de resina es otra forma de aprovechamiento forestal muy importante para el estado de Michoacán.

A un paso de la pobreza alimentaria 10 mil familias productoras de resina de Michoacán

La resina de pino es un producto forestal no maderable y es la principal fuente de ingresos de más de 10 mil familias en el estado de Michoacán; sin embargo, la parálisis económica ocasionada por la pandemia del covid-19 propició que las 18 industrias del estado que procesan esta materia prima detuvieran su operación y dejaran de comprarla a los productores.

Estas 10 mil familias, dedicadas a la recolección de resina de pino, ya están padeciendo la falta de ingresos porque no tienen compradores de su producción. Las industrias procesadoras no están comprando porque toda la cadena productiva se paró con la emergencia sanitaria del COVID-19, refiere Juan Manuel Barrera, especialista del sector forestal y director ejecutivo de la organización Resiliencia y Desarrollo Comunitario AC.

Las regiones forestales del país viven un proceso de estancamiento productivo a causa de la emergencia sanitaria que tiene en serios problemas económicos a las familias. Las restricciones impuestas por las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, así como por las propias asambleas ejidales y comunitarias para evitar contagios en los territorios obligaron a detener prácticamente todas las actividades productivas y comerciales.

Los emprendimientos comunitarios de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales son fundamentales en la economía y provisión de servicios básicos en las regiones forestales, ya que son la principal fuente de empleos e ingresos de las familias y un parón de esta naturaleza llevará a miles de personas a padecer pobreza alimentaria, por lo que “es imprescindible la aplicación de medidas de emergencia para sortear esta crisis y garantizar, al menos, la adquisición de la canasta básica de alimentos y trabajar en paralelo en estrategias de reactivación productiva y de comercialización,” plantea Juan Manuel Barrera.

Esta situación genera en severos problemas económicos a alrededor de 50 mil personas que viven en las regiones forestales de la entidad en condición de pobreza y que ahora ven interrumpida su principal fuente de ingresos.

De acuerdo con datos de Resiliencia y Desarrollo Comunitario, “el COVID-19 ha propiciado el rompimiento de la cadena de suministro de la resina de pino y las familias de los productores resineros se ven obligadas a emigrar a ciudades a buscar trabajo, pero con un alto riesgo de contagio, que al regresar a sus comunidades podría tornarse catastrófico.”

Detalla que un productor de resina obtiene, en promedio, 50 mil pesos anuales por su cosecha y esto le alcanza para satisfacer una canasta básica alimentaria, pero ahora que no hay mercado para su producto están a un paso de la pobreza alimentaria.

El especialista explica que, “dentro de la cadena de suministro de la resina, el primer eslabón lo componen los recolectores, que son alrededor de 10 mil familias. Un 40 por ciento de ellas se ubican en la región oriente de Michoacán, en los municipios de Hidalgo y Senguío; otras 3 mil familias habitan en la región centro y 3 mil familias más en la meseta purépecha.”

Lamenta que en los 100 años de historia de esta actividad productiva en Michoacán, donde se genera el 90% de la producción nacional de resina de pino, nunca habían tenido una afectación tan grande como la de ahora con el COVID-19. “Nunca había pasado que las industrias dejaran de comprar a los resineros, pero con sus industrias paradas y la falta de pedidos de las industrias químicas, de cosméticos y alimentos, todo se detuvo.”

Lo peor, resalta Juan Manuel, es que “esta crisis no se va a resolver, al menos, hasta el próximo año, y mientas qué van a hacer las familias cuyos únicos ingresos dependen de esta actividad.”

Plantea la urgencia de la creación de programas o apoyos especiales de emergencia para dotar a estas personas de un ingreso alimentario mínimo por al menos ocho o diez meses, en lo que se reactiva esta industria.

Por ahora, que es temporada de lluvias muchas de estas personas están recurriendo a la colecta de alimentos como hongos y quelites en el monte, pero en los próximos meses esa fuente de alimento se agotará.

Subraya que los resineros se encuentran entre los sectores más pobres y vulnerables, ya que generalmente no cuentan con derechos agrarios, es decir no tienen tierra y tienen que recurrir a acuerdos con las asambleas ejidales o comunales para poder manejar y aprovechar alguna parcela para la extracción de resina.

Esta es una actividad fundamental para la conservación de los bosques, porque los productores son los primeros en estar vigilando que no haya tala clandestina ni que se generen incendios. Son los principales interesados en conservar en buen estado su fuente de empleo e ingresos.

“Los resineros son los verdaderos silvicultores, más que los técnicos o los empresarios. Ellos están en el terreno cultivando y conservando el bosque, es muy difícil que haya incendios en los predios que ellos manejan,” subraya.

Además, refiere Juan Manuel Barrera que los programas de gobierno como Producción para el Bienestar u otros de la Secretaría del Bienestar no llegan a esas comunidades o no van dirigidos a este tipo de productores, porque no tienen tierra. “A la mayoría de los resineros que les hemos preguntado dicen que no reciben ningún apoyo gubernamental.”

Las medidas para contener la emergencia sanitaria por covid-19 derivaron en el colapso de los mercados y se tiene que atender esta situación de emergencia para apoyar a estas familias.

La emergencia sanitaria ha llevado a la parálisis económica a este sector. CCMSS Enrique Abe

Otro riesgo latente, es que “muchos jóvenes pueden ser atraídos por grupos criminales; ese es el peor escenario, porque ya no tendrían regreso. Y esto es muy posible porque hay mucha presencia de estos grupos en el Estado,” señala.

El costo de la canasta básica alimentaria, de acuerdo con datos de INEGI, es de $3,200 pesos mensuales, así que tenemos que pensar en un ingreso mínimo para que estas familias puedan adquirirla y no padecer pobreza alimentaria.

“Se requiere de un programa de emergencia de unos 400 millones de pesos para unos 8 meses, destinados a la adquisición de la canasta básica. O bien, que las autoridades pongan en marcha programas de empleo temporal en regiones forestales, para generarle ingresos a las familias y con la garantía de que le bosque se va a conserva,” apunta el director de Resiliencia y desarrollo comunitario.

Añade que la población objetivo de estas medidas de emergencia están muy bien identificados y se les puede rastrear con las remisiones forestales y los centros de acopio.

Dentro del presupuesto de la Conafor u otras instituciones de gobierno no hay apoyos etiquetados para esta actividad, que es muy importante para el bosque y los productores, pues genera más de 10 mil empleos, mientras que la industria de la madera en Michoacán, solo genera 5 mil. •