La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) crear un registro nacional que contenga los nombres de quienes, con sentencias firmes, incurrieron en violencia política en razón de género para negar el registro como candidatos en las próximas elecciones.

Los magistrados ratificaron una sentencia de la sala regional Xalapa, en la cual se determinó que una regidora en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, sufrió violencia política, por lo cual ordenó al instituto electoral de esa entidad integrar una lista de infractores que incluya el nombre del presidente municipal que perpetró el delito.

Aunado a esta decisión, ampliaron el listado para que tenga alcance nacional. Con eso se busca evitar la repetición de dicha práctica y que el listado proporcione circunstancias a valorar durante el análisis de solicitudes de quienes deseen participar por alguna candidatura de elección popular.

Los integrantes de la sala superior pidieron al INE que emita los lineamientos para integrar el registro antes de comenzar el proceso electoral federal en septiembre, y establecer mecanismos de cooperación con los diversos organismos públicos locales a fin de compartir información de los listados. También expuso que el registro será abierto para que todos los interesados puedan consultarlo.

Por otra parte, la sala superior del TEPJF revocó la amonestación pública que la comisión nacional de honestidad y justicia de Morena impuso a la ex dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky, por no haber registrado en tiempo y forma ante el INE el nombramiento de Armando Navarro Gutiérrez como delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Durango.

Se consideraron fundados los argumentos emitidos por Polevnsky en el sentido de que la inscripción recae en el presidente de su partido y en el momento de la promoción del incidente de incumplimiento, solamente ocupaba el cargo de secretaria general.

También revocó la suspensión de los derechos partidistas de Alejandro Rojas Díaz Durán por seis meses, el cual había aprobado dicha comisión de Morena, por presuntos actos anticipados de campaña al argumentar que no se acreditaron tales hechos.