Frente al incremento de movilizaciones sociales derivadas de exigencias políticas, económicas y sociales, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hizo un recordatorio enfático: la obligación de la policía y las fuerzas armadas es proteger a la población. El uso de la fuerza debe darse cuando es absolutamente necesario, de manera proporcionada y persiguiendo finalidades legítimas como controlar una situación que afecte el orden público.

En las declaraciones de Jordi Raich, titular de la delegación regional para México y América Central de esa organización, se incluyen los llamados a la sensibilización y capacitación así como de diálogo confidencial ante las fuerzas armadas y de seguridad, para que respeten el derecho internacional y los estándares reconocidos que rigen el uso de la fuerza ,y se promueva su cumplimiento. A partir de las evidentes consecuencias que deja en las vidas, integridad y salud el uso excesivo de la fuerza, el CICR plantea como fundamental la difusión y establecimiento de reglas y principios que deben guiar esas acciones y ha lanzado una campaña para que los encargados de hacer cumplir la ley conozcan las reglas, alcances y límites del uso de la fuerza y generar reflexión sobre las implicaciones.