Los sindicatos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunciaron en contra de que las autoridades universitarias apliquen suspensiones y otras medidas cautelares a trabajadores académicos que sean señalados por violencia de género mientras los hechos no sean calificados como un delito.

A través de cartas dirigidas al director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega –que desde ha-ce dos meses sostiene mesas de diálogo con alumnas en paro que demandan que se atiendan las denuncias por violencia de género–, el sindicato de académicos de esta máxima casa de estudios señaló que si la UNAM suspende a sus trabajadores, sin que haya denuncias formales en su contra, podría incurrir en en graves violaciones a los derechos laborales y al contrato colectivo.

Las alumnas en paro en Economía –que mantienen tomadas las instalaciones de la escuela desde finales de febrero– demandan medidas para erradicar la violencia machista y que se sancione a los responsables. Como en otras de las escuelas que estuvieron en paro en la universidad con estas mismas demandas estudiantiles, se ha planteado que los académicos acusados de violencia de género sean suspendidos de sus labores.

En el documento, la representación sindical manifiesta su apoyo total a todas las acciones y requerimientos loables en las Comisiones de Género y a defender siempre la equidad de género, pero acota que en su visión, en las negociaciones entre alumnas y autoridades “se ha planteado la aprobación de una suspensión temporal como medida cautelar en contra de los académicos señalados como agresores. Dicha petición carece de todo sustento y es contraria al ordenamiento legal nacional, pues una medida cautelar se dicta mientras se emite la resolución correspondiente a un procedimiento judicial, facultad que no corresponde a ninguna autoridad universitaria, sino al Poder Judicial de la Federación.

Añade que de llevar a cabo estas acciones, la UNAM estaría incurriendo en graves violaciones al proceso y ello acarrearía la interposición de demandas civiles, administrativas, laborales e incluso la solitud de amparos por violaciones al contrato colectivo de trabajo, que seguramente concluirán con el pago de daños y perjuicios, así como el resarcimiento del daño contra la persona que fue difamada; es decir, sin existir pruebas en su contra.