El 15 de marzo de 2017 Luis Alberto de Meneses Weyll, directivo de Odebrecht México, a petición de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), declaró ante el Ministerio Público de Brasil que una vez que Emilio Lozoya Austin asumió en 2012 el cargo de director de Petróleos Mexicanos (Pemex), “se comprometió a dar su apoyo orientando a la constructora brasileña para cumplir los requisitos técnicos, administrativos y comerciales que la normatividad requería para el otorgamiento de contratos, además, a influir al interior de Pemex para concretar dicha pretensión y así la compañía sudamericana obtuvo el 28 de enero de 2014 por adjudicación directa un contrato por mil 436 millones 398 mil 637 pesos, para obras en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.

La revelación de quien fuera director superintendente de Odebrecht México, de septiembre de 2009 a marzo de 2017, ha resultado relevante para la investigación de los sobornos que recibió Lozoya Austin, y coadyuvará para determinar el entramado que operaba el ex director de Pemex.

En ese contexto, señalaron las autoridades entrevistadas, ha sido posible conocer la manera en que el ex titular de Pemex utilizó su posición para impulsar obras o contrataciones y por las cuales obtuvo recursos de manera ilícita, también se ha descubierto nueva evidencia de los depósitos que se le realizaron en cuentas bancarias relacionadas con empresas fachada y la manera en que se movilizaron o transfirieron recursos para personas físicas y morales con las cuales colaboraba.

El esquema de corrupción

Asimismo, explicaron, el esquema de corrupción que manejaba Lozoya Austin también sirvió para que se concretara la compraventa de la empresa Agronitrogenados, con un sobreprecio de más de 200 millones de dólares, utilizando como argumento la necesidad de incentivar la producción de fertilizantes aunque fuera una compañía inoperable y por la cual el ex director de Pemex obtuvo más de 2 millones de dólares como soborno por esa transacción.

Las investigaciones de la FGR, con base en la denuncia que formuló la representación jurídica de Pemex, refiere que los compromisos surgidos del Pacto por México permitieron a servidores públicos tomar decisiones para comprometer recursos, a través de organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, en la adquisición de una planta de fertilizantes ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz (propiedad del consorcio Altos Hornos de México SA).