La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) turnó a los organismos públicos locales electorales (Oples) presuntos casos de promoción personalizada en la que habrían caído legisladores y funcionarios al entregar diversos bienes con motivo de la pandemia del Covid-19, para que determinen si se cometió la irregularidad y aplicar posibles sanciones.

También revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por medio del cual dictó medidas cautelares contra servidores públicos que habrían caído en el ilícito.

Los magistrados determinaron lo anterior al resolver impugnaciones al acuerdo del INE, interpuestas por ocho legisladores y funcionarios que presuntamente hicieron uso indebido de recursos públicos para realizar promoción personalizada. Entre ellos se encuentra la senadora Sylvana Beltrones; el diputado Sergio Gutiérrez Luna, y el ahora responsable de Aduanas, Horacio Duarte. En sesión privada no presencial, los jueces estimaron que la Comisión de Quejas del INE no tiene competencia para conocer de presuntas irregularidades electorales a partir de elementos probatorios que únicamente revelan una incidencia en el ámbito local.