Chihuahua, Chih., La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres (FEM) logró una sentencia de 115 años de cárcel contra Juan Manuel Villalobos González por los delitos de rapto, asesinato y violación de la niña Seyni Camila C. M., cometidos el 24 de octubre de 2018 en la capital del estado.

El pasado 16 de julio un tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial de Chihuahua declaró culpable a Villalobos González y la tarde del martes dio lectura a la sentencia, que estipula que deberá compurgar pena de 80 años por homicidio agravado por razón de género y 35 por abuso sexual.

Villalobos González era chofer de una plataforma electrónica de taxis y raptó a Seyni Camila, de siete años de edad, fuera de un domicilio en la colonia Centro, cuando la menor jugaba con sus hermanos.

Después de convencer a la niña de que subiera al taxi, la llevó a una brecha que conduce al poblado de San Diego de Alcalá, a 65 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, abusó de ella y la asesinó. El cuerpo fue localizado en un paraje desértico la madrugada del 27 de octubre de 2018.

Ese día el ahora sentenciado acudió voluntariamente al Ministerio Público y declaró que dos hombres habían contratado a su taxi y lo obligaron a llevar a Seyni Camila después de raptarla.

Sin embargo, la FEM detectó inconsistencias en su relato y encontró en su teléfono celular un video que el acusado había intentado borrar y en el cual se grabó mientras violaba a la menor.

Villalobos González negó inicialmente el crimen, pero aceptó su responsabilidad después de que los peritos de la fiscalía encontraron la grabación.

El colectivo Justicia para Nuestras Hijas y la mamá de Seyni Camila cuestionaron que a Villalobos González no lo declararan culpable de trata de personas y desaparición forzada de particulares.

Reconocemos la pena ejemplar que emitió el Tribunal Superior de Justicia en este caso, la cual envía un claro mensaje de que en Chihuahua no se permitirá que quede impune ningún feminicidio infantil, precisó la FEM.

Refirió que la representación social continuará con el proceso de apelación contra la parte de la resolución que absolvió al sentenciado de los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares.