El gobierno federal replanteó desde 2019 su política social y, por eso, se otorgan apoyos a 22 millones de mexicanos. Para ello definió dos líneas de operación de los programas sociales: una dirigida por las secretarías y otra por la Coordinación General de Programas para el Desarrollo (CGPD), lo cual requiere más acuerdos entre ambas instancias.

Además, dejó en los Servidores de la Nación la responsabilidad de la gestión directa con los beneficiarios, indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y expertos en la materia.

La Secretaría de Bienestar (SB) rechazó que haya duplicidad de funciones y dificultades en la operación de los programas. Ante el reto que implica la coordinación entre ambas instancias, respondió a La Jornada que trabajan en conjunto y los delegados son designados por la secretaría, a propuesta de la CGPD. Ambas áreas acuerdan con las delegaciones en los estados la planeación y ejecución de los programas sociales, mientras la unidad de coordinación de delegaciones de la dependencia informa a las dos.

Eliminados los intermediarios, los 17 mil 500 servidores de la Nación –con un salario de 9 mil pesos– se encargan de hacer los trámites de los beneficiarios de la mayoría de los programas. Se prevé que laborarán en 13 mil centros integradores de desarrollo, donde habrá ventanillas de atención y los bancos del Bienestar, de acuerdo con Gabriel García Hernández, titular de la CGPD y que despacha en Palacio Nacional.

En las conferencias de prensa vespertinas, el funcionario ha explicado que hasta la fecha se han establecido 700 de 13 mil centros integradores en 266 regiones. La primera fase se detuvo por la contingencia sanitaria, por lo que los servidores acudieron a las viviendas para atender a los beneficiarios. Actualmente donde no hay sucursales bancarias y la gente no tiene tarjetas, se pagó directamente, se instalan las mesas en esos lugares y ahí acuden para recibir el dinero.

El padrón incluye a 15.9 millones de hogares, de 32 millones, en los que se entrega algún programa. En total son 22.5 millones de beneficiarios, aunque algunos reciben más de un apoyo. El fin es llegar a 84 mil 769 localidades con alto y muy alto grado de marginación, actualmente son 34 mil y en 40 por ciento llega más de uno. La mayor cantidad de beneficiarios se encuentra en Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca.

La Secretaría de Bienestar señaló que las unidades administrativas responsables de cada programa validan la información del censo del bienestar y se incorporan beneficiarios de acuerdo con los recursos presupuestarios.

Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, consideró que. si la oficina de la coordinación se encuentra por arriba de las secretarías. lleva a que éstas no tengan injerencia en los asuntos locales. Dice que parece haber una competencia con la coordinación de los programas y con las dependencias que los crean y operan.

Al ser entrevistado, recordó que antes cada dependencia se coordinaba con su delegado y no había problemas en la toma de decisiones, ahora ellos suben su perfil y se convierten en poderes paralelos, no sólo a las secretarías, sino a los gobiernos de los estados. Esto hace que haya una competencia y, en lugar de favorecer la coordinación, la dificulta.

En la evaluación de diseño de los programas que presentó hace unos días el Coneval, indicó que la responsabilidad compartida entre la CGPD y las dependencias busca concentrar en un solo ente su operación. El reto es la coordinación entre la CGPD y los responsables de los programas para contar con información oportuna sobre la operación, la posibilidad de supervisar y ajustar en campo los procesos que no dependen de sus responsables, pero que afectan sus resultados.