a pandemia no está controlada en ninguna parte. Los rebrotes de contagios previenen la apertura funcional de las actividades económicas. Un paso adelante y dos atrás es la norma.

Es un dilema mayor para todo gobierno. Unos han actuado de modo más efectivo que otros, y no se vislumbra el resultado final de lo que se ha hecho. Es un asunto mayor para las sociedades que responden, igualmente, de modo diferenciado. Todo se ha politizado con creciente confrontación.

Las actitudes respecto del virus tienen consecuencias y no son secreto. Los argumentos de que los muertos no son tantos y que es el precio para reabrir la economía parecen indecentes. Todo puede justificarse mientras sean otros los que enferman y mueren, otros los que se arriesgan atendiendo en los hospitales.

En estas condiciones se hacen previsiones del costo económico de la pandemia: menos producción, más desempleo, menos ingresos de las familias, menos recaudación de impuestos, menos gasto, más fragilidad de los negocios, los bancos, las pensiones, etcétera.

Se especula con las condiciones de una posible recuperación de la actividad económica, pero a decir verdad no se sabe si se llegó al fondo. No puede especificarse qué tipo de recuperación habrá: su composición por sectores productivos y regiones geográficas, la absorción de distintos grupos de la población y su rapidez. Hay mucha fantasía en el ambiente.

Seguramente el impacto de la caída y de la recuperación, cualesquiera que sean sus magnitudes y cuando sea que ocurran, será muy desigual. Esto definirá un escenario distinto al que se desprende de los modelos económicos convencionales y más aún del que postulan los discursos de los políticos. No puede eludirse el elemento crucial de la incertidumbre en la previsión de escenarios económicos y sociales; conviene no olvidarlo.

En algunos países los gobiernos intervinieron extensamente para aminorar el fuerte impacto económico de la pandemia sobre la gente que quedó desempleada y los negocios que tuvieron que cerrar, especialmente los de menor tamaño.

Los programas se diseñaron con una duración limitada y, en algunos casos, se añadieron medidas de apoyo ante la falta de condiciones para reabrir la actividad económica de modo firme por los rebrotes del contagio.

En Estados Unidos, me refiero a este caso por la estrecha relación económica que México tiene con ese país, el gobierno federal aprobó a finales de marzo pasado un programa de apoyos por 2 trillones de dólares (billones, según se mide aquí) para hacer pagos directos a personas y gobiernos estatales, además de fondos de rescate para una serie de negocios. El objetivo del Congreso era salvar la economía y luego revivirla del efecto de la crisis.

Esto se sumó a las provisiones anuales de ayudas establecidas en el presupuesto, además de los destinados a los programas de protección social. Con eso se estimaba que el costo de la intervención alcanzaría el orden de los 4 trillones de dólares.

Se enviaron pagos directos de mil 200 dólares al mes a millones de familias cuyos ingresos fueran como máximo de 75 mil dólares anuales y un complemento de 500 dólares por hijo. Se reforzó la ayuda por desempleo con 13 semanas adicionales.

Para los pequeños negocios se aprobó un monto de ayuda de 377 mil millones de dólares y otros 500 mil millones para empresas en problemas por la caída de la demanda. Muchos negocios pequeños han cerrado definitivamente y no abrirán más.

Los cuatro meses de duración de las medidas previstas por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Cares Act) significaron que para una parte de la población estos ingresos superaran los que recibían antes de la pandemia y conforme a algunas mediciones la pobreza disminuyó. Parte de esos ingresos deben haber sostenido las remesas a México. Misterios, no hay.

Las provisiones de la Cares Act están por terminar y se estima que para millones de trabajadores eso significará una caída de más de 50 por ciento de sus ingresos actuales. De ser así, habrá que reestimar el impacto de la crisis. El Congreso reconviene esta semana y definirá las condiciones de los apoyos. El desempleo en ese país llegó a su punto máximo en abril con 23 millones de personas y en junio se contaron más de 17.5 millones, un nivel muy alto en términos históricos.

En este escenario no puede eludirse la naturaleza y el efecto esperable de las acciones de apoyo público que se han decidido en México para enfrentar la pandemia. Tampoco lo que representa la asignación de los recursos a proyectos públicos de inversión en un escenario de ingresos menguados por la caída de la actividad económica. A eso hay que sumar la caída severa de la inversión privada.

Todo esto repercute en la estructura social y productiva del país, en las diferencias regionales y, sobre todo, en la fragilidad creciente que se extiende entre una gran parte de la población. No es posible avizorar ahora el detalle del grado de afectación del armazón social del país a raíz de esta crisis. Pero sí adelantar que será profunda y con efectos duraderos.

En Estados Unidos y aquí un aspecto crucial es que todo lo que se hace está ya definido en clave electoral. No es la mejor de las condiciones.