Trabajadorxs agrícolas: los más desprotegidos ante la COVID-19

Se estima que en México hay casi 3 millones de trabajadoras y trabajadores agrícolas, comúnmente denominados “jornaleros y jornaleras”, laborando directamente en los campos agrícolas, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas de 2009 (ENJO). Mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2018) señala que entre 2005 y 2018 se han agregado a las filas de las y los asalariados del campo casi 900 mil personas. Es decir, que estas fuentes censales estiman una población jornalera (personas trabajadoras sumando a sus familiares) de alrededor de 8.5 millones.

De estos datos, el 45.2% de las y los trabajadores agrícolas tienen entre 15 y 29 años, y de cada 100, 15 son mujeres (1). Alrededor de un cuarto (24%) de las personas jornaleras habla un idioma originario, y uno de cada cinco es indígena (2). Por otro lado, el 93.4% carece de un contrato formal de trabajo, el 90.9% labora sin tener acceso a instituciones de salud por parte de su empleador o empleadora, el 85.3% no cuenta con prestaciones laborales, el 33.3% gana hasta un salario mínimo, y el 54.5%, percibe más de uno y hasta dos salarios mínimos (3).

Sobre la proporción de trabajadoras y trabajadores agrícolas que están registrados en el seguro social, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2018), estiman que el 12.9% tuvo acceso a la seguridad social. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con base en datos de la ENOE 2017, señala que entre el 2010 y 2018 la proporción de las y los trabajadores eventuales del campo asegurados en México pasaron del 4.9% al 7.5% (4).

¿Qué nos proyectan estas estadísticas de las y los trabajadores agrícolas y sus familias en México frente a la pandemia por Covid-19? Primeramente, evidencia que a lo largo de 11 años se han empleado estadísticas para dar cuenta del perfil sociodemográfico de las y los trabajadores agrícolas, y segundo, la alarmante precarización de sus condiciones laborales y de vida. Sin embargo, estos recuentos solo reflejan la tibieza de la información y un subregistro basado en estimaciones que parten del análisis de cifras oficiales rezagadas, porque no se cuenta con censos que aporten datos vigentes y actualizados que permitan tener un mapa sociodemográfico que aporte información para conocer ¿cuántas personas jornaleras existen en México?, ¿dónde se localizan?, ¿en qué condiciones viven y laboran?

No existe una estimación única del número de trabajadores y trabajadoras agrícolas, y al no contar con una base sólida de información no se puede desarrollar una política pública con enfoque integral ni programas o acciones que garanticen un nivel de atención idóneo a partir de las problemáticas y necesidades que enfrenta cotidianamente el sector jornalero. Máxime frente a un contexto de crisis por pandemia, como es el caso del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19), que ha significado todo un reto a nivel global y nacional, no obstante que el gobierno mexicano ha implementado una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la propagación del Covid-19, dichas acciones todavía presentan un fuerte rezago en lo que se refiere a las personas jornaleras y sus familias en cuanto información y atención se refiere.

Esta realidad se agrava debido principalmente a que sus condiciones de traslado, laborales y de vida en los albergues y lugares de pernocta o de asentamiento de trabajo agrícola (así como en sus lugares de origen), vulneran sus derechos, poniendo en riesgo su vida, integridad y salud, y están expuestos y expuestas a contraer el virus, sobre todo porque los servicios de salud pública por falta de recursos humanos y materiales son insuficientes o limitados, y el acceso a la atención médica no ha sido una garantía ante la falta de seguridad social. Lo anterior se suma a la nula o escaza implementación de protocolos de prevención y atención que partan del contexto multicultural, lingüístico, social y laboral de la población jornalera.

Estas acciones institucionales tendrían que contemplar a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas jornaleras con discapacidad, especialmente de contextos indígenas, ya que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia, pues experimentan diversas formas de exclusión y discriminación al estar insertos en los contextos del trabajo agrícola. Frente a este escenario, los derechos de las y los trabajadores agrícolas y sus familias se ven excluidos, a pesar de que ha sido considerado un sector “esencial”, situación que se invisibiliza porque viene de la mano de un proceso de explotación laboral, agravado ahora por la Covid-19. •