La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a suspender el acuerdo presidencial que norma la participación de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional (GN), hasta que el pleno de ministros resuelvan sobre su constitucionalidad.

La ministra Margarita Ríos-Farjat admitió a trámite la controversia presentada por el municipio de Colima contra este acuerdo. Hasta el momento suman tres los recursos similares que se han aceptado para revisión en el máximo tribunal.

Se trata del Acuerdo por el que se dispone de la fuerzas armada permanentemente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el 11 de mayo pasado, el cual es derivado de las reformas constitucionales hechas en 2019, para la creación de la Guardia Nacional.

La norma impugnada permite que elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina apoyen las labores de la nueva corporación durante sus primeros cinco años para consolidar sus tareas de seguridad pública.

Ríos-Farjat ha admitido a trámite las controversias que sobre el mismo tema han interpuesto la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el estado de Michoacán y ahora el municipio de Colima, pero en ninguno de los tres casos ha otorgado la suspensión, por lo cual el acuerdo seguirá en vigor.

Resta aún otra controversia, interpuesta por el ayuntamiento de Pabellón de Artega, Aguascalientes, al que la ministra le solicitó que aclarara los términos de su demanda.