Al cancelar la construcción de cuatro centrales eléctricas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) evitó la contratación de deuda a largo plazo por poco más de mil 200 millones de dólares (unos 26 mil 820 millones de pesos), debido a que éstas se iban a financiar mediante el esquema de obra pública financiada (OPF), una modalidad de los proyectos de inversión financiada con impacto diferido en el gasto público (Pidiregas).

Con el replanteamiento, como lo denominó la CFE, de los procesos de licitación y estrategias financieras para los proyectos Salamanca, Baja California Sur VI, San Luis Potosí y Los Humeros III Fase B, se pone en riesgo el abastecimiento de fluido eléctrico para 8 millones de hogares, sobre todo en La Paz, Baja California, región que no está interconectado a la red del Sistema Eléctrico Nacional, señalaron fuentes del sector.

Ante las restricciones presupuestales, los Pidiregas han permitido la participación de la iniciativa privada en la generación, transmisión y distribución de electricidad. Estos esquemas fueron creados entre 1995 y 1996, comenzando a operar en 1997.

Bajo este esquema de OPF, el constructor lleva a cabo las inversiones que requiere el proyecto. Al término de la obra, la CFE liquida el total de las inversiones contratadas, para lo cual obtiene directamente el financiamiento a largo plazo que le permita pagar las obras realizadas.

La CFE afirmó que analiza diversos escenarios de financiamiento para desarrollar dichos proyectos, fundamentales para la recuperación de nuestra capacidad de generación de energía eléctrica.

Ramsés Pech Razo, experto en temas energéticos, señaló que la suspensión responde a las instrucciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sentido de que no va a poder asegurar los recursos para el pago de estas obras más allá de 2024, debido a que existe la incertidumbre de cuánto se pueda recaudar en el actual entorno de contracción económica.

Pech Razo consideró que esto abre una oportunidad adicional para que los inversionistas privados puedan continuar participando en la industria eléctrica con sus propios recursos.

En México, con base en el Plan Nacional de Desarrollo a 2024, el Plan de Negocios de Pemex, la política energética de almacenamiento y el crecimiento de la demanda de generación eléctrica esperada en los próximos años, se requiere una inversión pública y privada para nuevos proyectos de 15 billones de pesos entre la década de 2021 a 2031, estimó el especialista.

Hoy a Pemex y CFE en conjunto se le otorgan entre 800 a 850 mil millones de pesos.

Antes de la pandemia, la CFE tenía contemplado la licitación de seis centrales eléctricas, cinco de ellas de ciclo combinado y un motor de combustión interna con una capacidad total de 3 mil 400 MV y una inversión del orden de los 2 mil 200 millones de dólares.