l huracán del libre comercio devastó el campo mexicano, arruinó a pequeños y medianos agricultores y obligó a millones de pequeños campesinos a migrar a Estados Unidos o a campos agrícolas del noroeste del país. El libre tránsito de mercancías agrícolas entre fronteras, con pocas regulaciones, puso a competir a desiguales en condiciones de igualdad.

No sólo eso. Trastocó radicalmente la dieta de las clases populares provocando una epidemia de obesidad, desnutrición y diabetes, cuyas consecuencias afloran hoy con la crisis del Covid-19. Según un estudio publicado por The New York Times, “en 2015, los mexicanos compraron en promedio mil 928 calorías de comida empaquetada y bebidas al día –380 calorías más que en Estados Unidos–, más que las personas de cualquier otro país”.

La apertura comercial del agro comenzó antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de 1994. La libre importación de productos agropecuarios caminó de la mano del desmantelamiento de los precios de garantía y su alineamiento con precios internacionales. El tratado fue más allá, profundizando esta liberalización. Obligó a pasar de una mera relación comercial a una abigarrada integración subordinada económica-productiva. Fue el candado que cerró la puerta de las reformas neoliberales en el agro.

El TLCAN propinó un golpe demoledor al cultivo de granos y oleaginosas. México quedó a expensas de las veleidades del mercado mundial. Importamos más de 45 por ciento de los alimentos que consumimos. Estados Unidos provee casi la mitad de ellos. En 2018 se importaron 23 millones de toneladas de granos básicos, equivalentes a cerca de 4 mil 910 millones de dólares. Se compró del exterior 82.2 por ciento de maíz amarillo, 86 por ciento de arroz, 70 por de trigo, 13 por ciento de frijol y 39.3 por ciento de carne de cerdo. Muchos de estos productos son sobras. Importamos para consumo humano 6 millones de toneladas de desechos, subproductos o residuos de comida estadunidense.

El tratado provocó la pérdida de unos 2 millones de empleos agrícolas. Poniendo en riesgo vida y salud, los expulsados de la tierra marcharon, sin papeles o con ellos, a la nación de la gran promesa. México se convirtió en el mayor corredor migratorio del mundo.

Heroicamente, contra viento y marea, los campesinos milperos han mantenido la producción de maíz blanco. Apoyados por las remesas que reciben de sus parientes en Estados Unidos, han hecho de sus unidades económicas de producción trincheras donde mantienen vivas sus semillas, sistemas productivos y la cultura asociada a ellas.

Por si fuera poco, los labriegos que disponen de mejores tierras o de agua, sufren el acoso de agentes inmobiliarios, compañías turísticas y grandes agricultores para adquirir sus predios. Y los que viven en las regiones más escarpadas, padecen la presión de las mineras que anhelan despojarlos de sus territorios y recursos naturales. Por si fuera poco, otros más viven bajo la intimidación permanente del narcotráfico con el fin de usar sus terrenos para la producción de estupefacientes.

Después de arrasar el viejo tejido rural, el libre comercio construyó uno nuevo, estrechamente vinculado a cadenas productivas y trasnacionales estadunidenses. En la nueva normalidad teleciana proliferaron los enclaves productores de berries y aguacate. Con la región de California con un grave problema hídrico, las empacadoras del tío Sam se trasladaron a México sin tener que pagar costos ambientales, para cultivar las hortalizas que su mercado demanda.

Miles de jóvenes en el occidente mexicano se transformaron así en jornaleros a destajo, y se volvieron adictos a una especie de piedra que les permite trabajar sin descanso de sol a sol, mientras les fríe las neuronas.

El país se volvió orgulloso exportador de tequila y cerveza (en manos de consorcios trasnacionales) y de camarón. Mientras, la otrora vigorosa producción de café, se desinfló como globo, golpeada por la roya y la falta de apoyos ­gubernamentales.

Si hubiera que poner un símil de la relación que se estableció con el ­TLCAN, diríamos que es un cheesecake en el que Estados Unidos pone harina de trigo, huevos, levadura, queso, crema y mantequilla, y México aporta exóticas frambuesas, vainilla y azúcar (siempre y cuando sea de caña).

Lejos de revertir la naturaleza rapaz de este vasallaje agroindustrial, el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lo conserva, amplifica y profundiza. Le da otra vuelta de tuerca, obligando al Estado mexicano a adherirse al Acta de 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que otorga derechos de propiedad intelectual a los mejoradores de plantas –principalmente corporaciones semilleras trasnacionales– y limita el uso e intercambio de las semillas por parte de los agricultores, quienes no podrán resembrar el producto de su cosecha sin el permiso de la compañía que tiene el derecho de obtentor. Le abre aún más la puerta a los transgénicos y pone en grave riesgo a las semillas nativas y a las públicas mejoradas.

En el terreno agropecuario, el T-MEC es más de lo mismo, pero peor. Es un instrumento central para que los oligopolios despojen del uso y control de las semillas campesinas a quienes las han desarrollado y cuidado durante miles de años. Es una pieza clave del orden neoliberal en la región.

Twitter: @lhan55