El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó modificaciones a su reglamento de elecciones para adecuarlo a las recientes reformas legales en favor de la equidad de género y con el fin de prevenir y combatir la violencia política de género.

Se incorporó la obligatoriedad del propio organismo y de los institutos electorales estatales para notificar a las autoridades judiciales cuando se tengan indicios de que se han registrado agresiones.

Aunque los cambios se hicieron en diversos ámbitos del reglamento, como en el rubro de observación electoral para agilizar los registros de interesados, de la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares o del Sistema de Información de la Jornada Electoral, las principales se asocian al tema de género.

Se garantizará el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto a los derechos políticos y electorales de las mujeres como obligación de las autoridades del INE y de los organismos públicos locales electorales. En otros artículos se formalizan los criterios adoptados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el fin de cumplir los principios constitucionales de igualdad derivados de los criterios que fueron aprobados para el proceso electoral federal 2017-2018.

Sobresale la inclusión del principio de paridad horizontal y vertical en la postulación de candidaturas de mayoría relativa al Senado, revisar la totalidad de entidades de cada bloque para identificar si hubiera algún sesgo que favorezca o perjudique a un género en particular, es decir, si se halla una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.

Otros cambios en la materia es sobre metodología para dar seguimiento a información de campañas y que se incorpore la perspectiva de género y lenguaje incluyente en el manejo oficial del INE.

Trece entidades, sin legislación respectiva

Por otra parte, en 13 estados sus Congresos no han aprobado reformas constitucionales ni legales para frenar y sancionar la violencia política de género; en Puebla, Veracruz y Yucatán tienen hasta el 31 de julio para discutir y avalar iniciativas con miras a entrar en vigor el próximo año, mientras en Tabasco, Ciudad de México, San Luis Potosí y Zacatecas el plazo ya venció.

En conferencia de prensa virtual, diputadas de MC y del PRI, así como colectivos de mujeres, abordaron el caso específico de Puebla y señalaron que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro, de Morena, busca dejar fuera ocho iniciativas.

Es un tiempo crucial antes de que concluya el periodo ordinario para que se legisle en paridad y las reformas legales en materia de violencia política. La comisión ya tiene el trabajo, sólo falta voluntad política, señaló la diputada Martha Tagle.

También Lucero Saldaña, del PRI, explicó que el centro de las iniciativas congeladas en el Congreso poblano buscan tipificar el delito y se reconozca toda la violencia política de género en el ámbito público.

En un pronunciamiento, legisladoras y representantes de organismos de mujeres refirieron que en junio de 2019, Cafid AC, presentó un diagnóstico sobre la violencia política contra las mujeres en las elecciones federales de 2018 en Puebla.

La diputada Rocío García, del PRI, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en ese Congreso, presentó desde el inicio de la actual Legislatura iniciativas para evitar la violencia política contra las mujeres y su destino ha sido el mismo que las anteriores: la congeladora.

Están pendientes de legislar los congresos de Baja California, Hidalgo, Coahuila, estado de México, Nayarit y Quintana Roo.