n apenas una semana, las autoridades mexicanas lograron avances sustanciales en los esfuerzos por hacer comparecer ante la justicia al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio, y al ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez.
Lozoya, quien fue también encargado de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, decidió abreviar voluntariamente su trámite de extradición desde España para colaborar en el esclarecimiento de los ilícitos con los que se le vincula. A Zerón se le emitió una orden de captura internacional por posible violación a los derechos humanos y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa; ayer se confirmó que está en Canadá y que ya se preparan las denuncias necesarias para lograr su arresto con fines de extradición. Por último, Duarte fue detenido el miércoles pasado en Florida, bajo cargos de corrupción, peculado y desvío de recursos por mil 200 millones de pesos, y ya se encuentra en marcha el proceso que debería culminar con su envío a México, aunque la extradición podría tomar varios meses en concretarse.
Lo primero que destaca en esta sucinta relación es el hecho de que nunca en la historia nacional se había visto a tantos ex funcionarios de ese nivel jerárquico localizados o capturados en tan poco tiempo con el propósito de que rindan cuentas por los actos delictivos que cometieron mientras se encontraban en el poder. La celeridad con que ha avanzado la judicialización de éstos y otros integrantes de la clase política habla de la efectividad y la coordinación existentes entre las distintas instancias involucradas en la lucha contra la corrupción, en particular la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En conjunto, el desarrollo de los acontecimientos refleja el compromiso de la actual administración federal con la que fue la principal bandera de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha continuado como tema central de su agenda en los dos primeros años de gobierno: el combate a la desenfrenada corrupción que caracterizó al sexenio de su antecesor.
La podredumbre y la demolición del estado de derecho fueron tan generalizadas durante la última presidencia priísta, que el enjuiciamiento de Lozoya, Zerón y Duarte dista de representar la restauración de la legalidad perdida. En cambio, cabe esperar que se esclarezcan plenamente sus responsabilidades en los ilícitos que se les imputan, y que estos casos marquen la tónica de una profunda regeneración en el servicio público.
