El Congreso de la Ciudad de México aprobó en comisiones la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género para someterla a votación del pleno en el próximo periodo extraordinario, pero será inaplicable en el proceso 2020-2021 dado que la Constitución federal impide reformar la legislación 90 días antes de que se inicie el año electoral, programado para septiembre próximo.

Lo anterior, a menos que el Instituto Nacional Electoral (INE) admita el exhorto que le dirigió el Legislativo para que atraiga la elección local con el único objeto de posponer el inicio del proceso electoral por la emergencia sanitaria de Covid-19.

En la última modificación al proyecto de dictamen, en sesión virtual de las comisiones de Igualdad de Género y Asuntos Políticos Electorales la tarde de ayer, se suprimió del proyecto de reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales un mecanismo para evitar que los partidos reserven solamente a hombres las candidaturas en espacios en que son altamente competitivos y postulen a las mujeres en aquellos con menos posibilidad de ganar.

Se agregó a cambio un transitorio para que sea el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) el responsable de evitar dicha conducta a partir de las mismas reglas que aplicó en el proceso electoral 2017-2018.

El proyecto proponía además obligar a los partidos políticos a reservar cuando menos una candidatura para una persona integrante de algún grupo de atención prioritaria: con discapacidad, de pueblos y barrios originarios, indígenas, afrodescendientes o de la comunidad LGBTTTI, pero mantuvieron el texto vigente donde la disposición es optativa y sólo para uno de los tres primeros.

La reforma distingue en su catálogo de conceptos violencia política, violencia política de género y violencia política contra las mujeres en razón de género; incorpora como requisitito para poder acceder a candidaturas de elección popular no haber sido sentenciado por esta última conducta y obliga a los partidos políticos a implementar protocolos para su atención, sanción y erradicación, y establece medidas para sancionar y reparar el daño conforme marca la ley general.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto Maldonado, adelantó que presentará reservas en la discusión en el pleno para intentar reincorporar esas disposiciones, así como una facultad que se le pretendía dar al IECM de suspender la acreditación de los partidos ante el mismo organismo electoral, y sus prerrogativas por no cumplir la norma que se suprimió también ayer.