n diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón decidió el pleno involucramiento de las fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado, cobró relevancia uno de los mayores retos en materia de seguridad para los últimos tres gobiernos federales, incluida la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad civiles y el paulatino retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública, junto con la urgencia de reducir los índices de violencia, sin violentar los derechos humanos.
Esta ha sido una inquietud expresada por Louise Arbour, Navanethem Navi Pillay, Zeid Ra’ad Al Hussein y Michelle Bachelet, sucesivos Alta/o Comisionada/o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2008, entre otros momentos, con ocasión de sus visitas a México en 2008, 2011, 2015 y 2019.
La ONU-DH históricamente ha expresado su preocupación por la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, que implica la realización de tareas que no les son propias. Esta asignación, además de ser contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, pone en cuestión su propia capacidad de acción efectiva y favorece la comisión de graves violaciones de derechos humanos, como se evidenció en sexenios anteriores, mismas que en su inmensa mayoría permanecen en la impunidad. En este sentido, no podemos olvidar que seis de las 11 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano están relacionadas con violaciones a garantías individuales cometidas por las Fuerzas Armadas. Estos casos representan personas cuyo sufrimiento por las violaciones cometidas es un recordatorio de lo que no se debe repetir. En el mismo sentido se han pronunciado los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU.
Durante las últimas semanas hemos conocido que la presidenta de la Cámara de Diputados, el gobierno de Michoacán y los municipios de Colima (Colima) y Pabellón de Arteaga (Aguascalientes) presentaron controversias constitucionales sobre el Acuerdo, publicado el 11 de mayo, por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública.
Corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar si el mencionado Acuerdo se ajusta a la Constitución mexicana y los tratados internacionales. Por su parte, varias organizaciones de derechos humanos también han interpuesto juicios de amparo para que los jueces federales revisen si el Acuerdo es contrario a las obligaciones de derechos humanos previstas en la Constitución y en los tratados internacionales.
Al igual que en 2018, cuando el más alto tribunal del país dirimió sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aprobada un año antes, ahora reiteramos la gran oportunidad que representa que la SCJN pueda pronunciarse sobre el referido Acuerdo. En este sentido, reconocemos a las instituciones que haciendo uso de los recursos constitucionales previstos han elevado el tema a la máxima instancia judicial, lo que es positivo en dos sentidos:
Que la SCJN revise un acto de otro Poder de la Unión es un ejercicio básico de contrapesos, democracia y transparencia que debe fomentarse ante una legítima duda sobre la constitucionalidad y convencionalidad de una decisión del Ejecutivo. La vigilancia, el control judicial y la rendición de cuentas no son una expresión de oposición política. Por otro lado, el dictamen de la SCJN es una oportunidad para dar certeza sobre la posibilidad o no del empleo de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Así fue en 2018, con una histórica sentencia sobre la Ley de Seguridad Interior y no tengo duda que la decisión que adopte la SCJN marcará los años venideros.
La discusión sobre el Acuerdo ocurre en un momento importante para el país. De manera reiterada el presidente López Obrador ha insistido en su instrucción de pleno respeto a los derechos humanos en el accionar de la fuerza pública. Que haya transmitido con absoluta claridad y contundencia esta instrucción es fundamental. Para que este compromiso sea la realidad que todas y todos deseamos, debemos acompañarlo de oportunos mecanismos institucionales. Desde la perspectiva de la ONU-DH, éstos pasan por eficientes mecanismos de prevención y control, rendición de cuentas, lucha contra la impunidad, fortalecimiento de la capacidad de las policías para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública, el involucramiento de todos los niveles de gobierno, el empleo extraordinario, regulado, subordinado al poder civil y complementario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el retiro gradual, ordenado y verificable en los próximos años, de las fuerzas militares de funciones que no le son propias.
*Representante adjunto en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH)
