La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, denunció que fue víctima de varias amenazas de muerte a raíz de su decisión de convertir el organismo autónomo en una defensoría del pueblo y por atraer el caso de Giovanni López, quien perdió la vida por presuntos actos de tortura al estar bajo custodia de policías municipales en Jalisco.

En conferencia de prensa –a la cual convocó, pero no permitió sesión de preguntas y respuestas–, la ombudsperson explicó que el 8 de junio fue blanco de ataques cibernéticos consistentes en amenazas telefónicas, mensajes de texto y de WhatsApp provenientes de más de 100 números telefónicos de diversos estados de la República.

Aunque las intimidaciones estuvieron dirigidas a ella y su familia, Piedra manifestó que dichos actos no me atemorizan, estoy acostumbrada a tener presión ante esta lucha que hemos llevado desde siempre, como víctimas, pero ahora con un estatus de poder hacer que en este país no se sigan violentando los derechos humanos.

Luego de afirmar que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México y aportó pruebas de sus dichos, la funcionaria señaló que las amenazas tuvieron que ver con su proyecto de convertir a la CNDH en una defensoría del pueblo, lo cual generó una campaña con la cual se pretendía hacer creer que la nueva institución atendería sólo a los pobres, lo cual es falso, porque el concepto de pueblo engloba a todas las personas.

Solidaridad de Alfaro

Asimismo, indicó que los ataques en su contra estuvieron relacionados con la decisión del órgano a su cargo de atraer el caso de Giovanni López. Recibí amenazas en las que me decían que no me metiera con el gobernador (de Jalisco, Enrique Alfaro), cuando yo estoy investigando un caso y no he señalado a nadie como responsable.

Unas horas más tarde, el propio gobernador Alfaro escribió en su cuenta de la plataforma de Twitter que entabló comunicación con Piedra Ibarra para expresarle mi solidaridad y respaldo, así como nuestro compromiso firme de ayudar en todo lo posible para garantizar en Jalisco y en México el pleno cumplimiento de los derechos humanos.