Buenos Aires., El juez federal Daniel Rafecas anunció este jueves el hallazgo de un nuevo centro clandestino de detención que funcionó durante la pasada dictadura militar (1976-1983) y que estaba bajo el control de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ubicado en la misma manzana donde está Automotores Orletti, sede de la Operación Cóndor, en el barrio de Flores en esta capital y adonde fueron llevadas las víctimas, la mayoría de las cuales están desaparecidas.

El anuncio conmocionó a los organismos de derechos humanos. La existencia de este lugar había sido mencionada en los testimonios de los sobrevivientes, pero no se ubicaba la dirección exacta. Por este centro clandestino de detención, torturas y exterminio, que funcionó en 1976, habrían pasado también víctimas de la Operación Cóndor, como se mencionó en los testimonios sobre la presencia de extranjeros, especialmente uruguayos y podría haber sido cerrado cuando cesó operaciones Orletti, después de la espectacular fuga de un matrimonio de argentinos, en noviembre de 1976.

Rafecas destacó la importancia de este hallazgo que surgió de los testimonios de las víctimas que describieron la zona y la estructura del lugar de cautiverio, pero en la revisión de los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, que siguen siendo rigurosamente estudiados aquí, surgió la dirección de una casa en Bacacay 3570, y la certeza de que ese lugar fue alquilado por la SIDE.

También allí actuaban los mismos responsables de Orletti como la banda de Aníbal Gordon, de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) integrante de la llamada patota de la ex SIDE junto a los ya condenados Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz y otros.

La descripción de las víctimas coincidió con la brindada por la mujer que adquirió la casa de Bacacay en 1977 y también los planos del lugar realizados por ellas.

La dueña de la casa declaró que cuando compró la casa muy deteriorada en el sótano había zapatos de mujer sucios de color rosa viejo y zapatos de hombres. Lo que es importante en este caso es que se conservó la misma distribución que describieron las víctimas, por lo cual se prohibió judicialmente que pueda modificarse nada y el nuevo hallazgo posibilitará otra investigación.

Se sabe que hay otros centros clandestinos de detención que aún no han sido hallados, pero el mapa de la dictadura militar se va cerrando cada día y la justicia junto a los organismos y familiares está funcionando ahora a pleno, con esta nueva metodología.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires se investiga un espionaje ilegal, realizado durante el anterior gobierno de María Eugenia Vidal, que fue considerado mucho más grave que el montado por el gobierno de entonces presidente Mauricio Macri. La diputada bonaerense del Frente de Todos, Susana Gonzáles, confirmó que esas operaciones fueron realizadas bajo la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial, que sólo podía investigar a personal policial.

Sin embargo, se extendió de tal manera que se pidieron informes de 48 mil personas, incluyendo a jueces, diputados, senadores, intendentes, empresarios, sindicalistas y también al ex gobernador Daniel Scioli, ex candidato presidencial del Frente de Todos.

También se contó con el informe y complicidad de Migraciones para saber quién salía y entraba, denunciando que muchos de los casos investigados eran entregados a periodistas y prensa pro oficialista para uso indebido e ilegal. Entre los implicados figuran la ex gobernadora; el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo; el procurador general ante la Corte Suprema provincial, Julio Conte Grand, acusado en otras causas, e importantes ex funcionarios.