l fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó ayer que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin decidió entregarse a las autoridades mexicanas y aceptar su extradición desde España, donde fue capturado el 12 de febrero de este año por cargos de manejo de recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el fiscal, Lozoya colaborará con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos de corrupción que se le imputan: los presuntos pagos de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, a cambio de futuros favores cuando éste llegara a la Presidencia; y la compra fraudulenta de la empresa Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, actualmente en proceso de extradición.
Por otra parte, Gertz Manero anunció el fin de la verdad histórica
con que la administración federal pasada pretendió dar carpetazo a las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Entre las acciones para relanzar las pesquisas y esclarecer el paradero de los jóvenes se encuentran 46 nuevas órdenes de aprehensión contra servidores públicos de diversos municipios guerrerenses, el envío de restos a la Universidad de Innsbruck para su identificación y, de manera destacada, la solicitud de colaboración de la Interpol para detener al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Aunque la entrega de Lozoya y la orden de captura contra Zerón podrían parecer dos asuntos separados en el acontecer penal, lo cierto es que los cargos contra estos dos ex funcionarios son emblemáticos de la ausencia de estado de derecho que privó a lo largo del sexenio anterior, ya fuera por corrupción, por violaciones a los derechos humanos o, con frecuencia, por una combinación de ambas prácticas.
A la luz de las investigaciones llevadas adelante por la Fiscalía federal, Lozoya podría ser la punta del iceberg en un esquema de saqueo al erario a través del desmantelamiento sistemático de la empresa productiva del Estado, mientras los señalamientos en contra de Zerón –algunos de ellos, formulados cuando aún se encontraba al frente de la AIC– exhiben la ilegalidad con la que operaron las instancias de procuración de justicia durante el gobierno de Peña Nieto en general, y muy en particular en lo que respecta a lo acontecido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Por ello, los eventuales juicios contra ambos podrían revelar las complicidades largamente sospechadas, e incluso varias hasta ahora ocultas, que tuvieron lugar en el gobierno peñista; en efecto, es difícil argumentar que cualquiera de ellos actuó en solitario en los ilícitos de los que se les acusa.
Cabe esperar que Lozoya enfrente en territorio nacional un proceso apegado a derecho, y que se materialice a la brevedad posible la orden de captura contra Zerón.
Sin duda representará una señal positiva de avance en los procedimientos abiertos a quienes figuran como probables corresponsables de dos severos agravios contra el país: la depredación de la industria energética nacional y la denegación de justicia en la trágica agresión a los estudiantes de Ayotzinapa en la denominada noche de Iguala.
