La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó ayer a trámite la controversia constitucional presentada por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, que impugna el decreto que faculta al Ejecutivo federal a utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. La admisión a trámite no significa que ya se considere procedente, eso es tema del proyecto que deberá elaborar la ministra Margarita Ríos Farjat.

El texto de la controversia no fue elaborado por la dirección jurídica de la Cámara de Diputados. Fue encargado a la abogada Luisa Conesa Labastida y su socio Jorge Peniche Baqueiro, quienes han asesorado a órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía y continúan reprochando que la austeridad no debe utilizarse como sinónimo de ahorro presupuestal en aquellas instancias que acotan el poder presidencial.

Por norma legislativa, el encargado del órgano de gobierno en San Lázaro tiene obligación de consultar al titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a los coordinadores de las bancadas la decisión de interponer un acto como el citado, así como de recurrir al cuerpo de abogados de la Cámara de Diputados para que le aconsejen la pertinencia de acudir o no a esa herramienta legal, pero Rojas no lo hizo.

Así, la presidenta en turno de la mesa directiva en San Lázaro anunció hace una semana que su controversia fue avalada por reconocidos constitucionalistas –cuyos nombres no aportó ni entonces ni ahora–, y sustenta su validez en el artículo 233 del reglamento interior de la cámara, el cual señala que le asistiría el derecho de hacerlo siempre y cuando se trate de defender los intereses de la Cámara de Diputados, argumento incluido en el texto enviado a la SCJN. Sin embargo, la controversia ha sido cuestionada por legisladores que argumentan que la acción no tiene sustento por no haber sido consultada con los integrantes de la Jucopo.

Además de redactar la controversia constitucional de Rojas, Conesa Labastida ha participado en acciones legales relacionadas con demandas promovidas por políticos panistas. Una de las últimas fue la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición (PAN, PRI, Verde, MC y PRD) ante la SCJN contra la ley que proponía que ningún servidor público podía ganar más de 108 mil pesos al mes, que es la cifra que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador. A raíz de esa acción legal, el Poder Judicial ordenó al Congreso de la Unión que legislara a fin de fijar límites y montos para el salario presidencial.

Además de que en distintas instancias de la política se le ha identificado cercana al PRI y al PAN, la actividad profesional de Conesa ha trascendido en temas como el aborto, el derecho de amparo y la legalización de la mariguana. Ahora, con un documento de 98 páginas, argumenta a favor del derecho de Laura Rojas a controvertir el mencionado acuerdo presidencial.