La pandemia del Covid-19 representa una situación de emergencia en el país que no puede ser pretexto para vulnerar nuestra democracia ni para mermar la división de poderes o de los organismos autónomos constitucionales, consideró el consejero presidente del Instituto Nacio-nal Electoral.

En un mensaje en sus redes sociales, Lorenzo Córdova Vianello sostuvo que tampoco puede servir para confundir a las autoridades electorales con autores o posturas políticas como irresponsablemente está tratando de hacerse.

Después de una semana en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador identificó al INE como el organismo electoral más caro del mundo y anunció que difundiría su organigrama, Córdova Vianello señaló que el instituto se rige por las reglas de la transparencia como obligación legal y por convicción democrática.

Por ello, dijo, “toda la información relacionada con la estructura orgánica, sueldos y demás obligaciones de transparencia de quienes laboramos en el INE es pública, siempre lo ha sido y puede consultarse en el portal www.ine.mx”. Y subrayó que las situaciones de emergencia en las democracias constitucionales deben enfrentarse con las herramientas, los contrapesos y los valores de la propia democracia.

En su video, el consejero presidente aseveró que el organismo no teme a la rendición de cuentas porque se rige por los prin-cipios que prevalecen en los procesos electorales de legalidad, certeza, legalidad, imparcialidad, ob-jetividad y máxima publicidad.

Córdova refirió que el Consejo General del INE aprobó un programa para regresar de forma paulatina y con precauciones a la actividad presencial, así, habrá reapertura parcial y escalonada de los módulos de atención ciudadana para los trámites relacionados con la credencial de elector; se reanudarán los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo, y se preparará el arranque del proceso federal electoral de septiem-bre próximo.

Mencionó que inmerso en las tareas principales de este último, ya se reanudaron los trabajos para la verificación del cumplimiento de requisitos legales para la formación de eventuales nuevos partidos políticos.