sí se suele decir que cuando un evento ocurre, pero no necesariamente se repetirá para de esa forma establecer una norma. En ese sentido se deben entender las dos históricas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos la semana pasada.

La primera de ellas reafirma lo establecido en el Acta de los Derechos Civiles que desde 1964 prohíbe la discriminación por preferencia sexual, y enfatiza que despedir del trabajo a una persona por el sólo hecho de ser gay o transexual es delito. Es una victoria para todos aquellos que por décadas han luchado por el respeto a los derechos civiles, la igualdad ante la ley y el sentido común.

La segunda fue la negativa de la Corte en acceder a la pretensión de Trump de revocar DACA, el programa mediante el que la administración del presidente Obama protegió de ser deportados a casi 700 mil jóvenes, 81 por ciento nacidos en México, y garantiza la vía de regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.

Como se esperaba, Donald Trump ha colmado con decenas de jueces conservadores el laberíntico sistema legal del país, cuyo pináculo es la Suprema Corte. Es en este contexto que se pueden aquilatar estas dos decisiones en las que, sorpresivamente, dos ministros conservadores se unieron a los cuatro liberales para apoyar sendas luchas por los derechos humanos. Por esta vez, prevaleció un razonamiento ajeno a una institución cuya mayoría está anclada en la edad de piedra. Lo que no está claro es si el razonamiento seguido en esta ocasión será consistente en decisiones subsecuentes. En su agenda hay otras decisiones que pudieran tener profundas consecuencias para una sociedad en la que las diferencias sociales, económicas y étnicas parecen abismarse. En el plano electoral, algunas de ellas serán determinantes para garantizar los derechos de millones de votantes que un puñado de normas y reglamentos inconstitucionales les han negado en diversos estados.

Habrá que esperar para saber si la sensibilidad que los dos conservadores mostraron atendió a la coyuntura por la que atraviesa el país, y a la urgente necesidad de cambiar el rumbo. O sólo tiene la intención de evitar un agravio social más que gravite en el ánimo de millones de votantes en con-tra de las aspiraciones del presidente y los republicanos por relegirse. No es ingenuo pensar que la imparcialidad en el sistema de justicia sigue siendo una utopía.