Por acuerdo presidencial, hoy entra en vigor la Comisión de Amnistía, responsable de analizar las solicitudes de liberación de personas sentenciadas.

La nueva instancia tendrá hasta cuatro meses para resolver una petición de libertad, pero su veredicto lo someterá a consideración de la instancia judicial correspondiente.

Deberá resolver las solicitudes de amnistía que se le presenten y someter su decisión a la calificación de la autoridad jurisdiccional que corresponda, en un plazo no mayor a cuatro meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud, se indica en el acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación.

La comisión será presidida por la secretaria de Gobernación; participarán también los titulares de las secretarías de Seguridad y de Bienestar, así como de los institutos nacionales de las Mujeres y de los Pueblos Indígenas.

Gobernación tendrá voto de calidad en caso de empate entre los miembros de la comisión y, a su vez, informará de los expedientes analizados al Presidente de la República y al Congreso de la Unión.

La Ley de Amnistía fue aprobada en abril pasado, días después de la declaratoria de emergencia sanitaria por la expansión del coronavirus.

Según los transitorios del acuerdo, debe sesionar por primera vez máximo tres días después de su entrada en vigor, es decir, contados a partir de este viernes.

En tanto, Gobernación recordó que este año se cumplieron 12 años de la reforma constitucional del Sistema de Justicia Penal en el país.

Esta dependencia es el enlace operativo entre los Poderes de la Unión para consolidar el sistema mencionado y eliminar vicios heredados en cuanto al derecho de las víctimas.

Este trabajo lo hace la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, misma instancia que analiza desde este año las peticiones para la liberación de personas sentenciadas y cuya titular, Paulina Téllez, podría ser la secretaria técnica de la nueva comisión de amnistía, acorde con declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.