Madrid. La formación vasca EH Bildu logró el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, la catalana Candidatura de Unidad Popular y el Bloque Nacionalista Gallego para registrar de manera conjunta en el Congreso la petición de crear una comisión que esclarezca las responsabilidades y los vínculos entre el Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL) y los gobiernos presididos por el socialista Felipe González entre 1982 y 1996.

De acuerdo con archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) González promovió la guerra sucia contra los miembros de la organización armada vasca ETA con la creación de los GAL. (shorturl.at/huxCY)

La iniciativa previsiblemente será rechazada por el voto en contra de Unidas Podemos (UP), alineado con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del ex mandatario.

Durante el mandato de González (1982-1996) surgieron los GAL, que fueron la sucesión del comando de extrema derecha y paramilitar Batallón Vasco Español, que secuestraron, torturaron y asesinaron de manera extrajudicial a militantes de ETA.

La justicia probó que los GAL secuestraron y torturaron a Segundo Marey, a quien confundieron con un miembro de ETA. También ejecutaron y enterraron en cal viva a José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala.

Sin embargo, la justicia no obtuvo pruebas del involucramiento de González en la formación de los GAL, pero en documentos desclasificados de la CIA difundidos por el diario La Razón se afirma que él sabía de dichos grupos, los alentaba y los financiaba.

La petición de los partidos nacionalistas obedece a que el ex presidente del gobierno español no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por lo que reclaman sus vínculos y responsabilidades con los GAL, tras subrayar la información contenida en informes estadunidenses que se desclasificaron en 1984.

Sorprendió el líder de UP, Pablo Iglesias, quien hace un par de años habló de la mancha de cal viva del PSOE, ahora, al ser parte de una coalición de gobierno, sostuvo que todo el mundo sabe qué pasó y hay condenas judiciales: un ministro y un secretario de Estado.