Buenos Aires. Un organismo gremial que representa a 17 sindicatos de todo el país estaba reunido para comunicar el apoyo de los trabajadores a la intervención de la empresa agroexportadora Vicentin en Rosario, provincia de Santa Fe, cuando un grupo irrumpió en la sesión, quemó y pintó paredes, lo que fue considerado parte de un abierto llamado a la violencia de los mismos sectores empresariales del agro, que encabezaron el paro golpista contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner entre marzo y julio de 2008.

Juan Carlos Schmid, secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, repudió el acto vandálico contra la sede sindical, que ocurrió cuando la dirigencia elaboraba un documento en favor de la intervención y expropiación de Vicentin, junto con otros gremios y movimientos sociales.

Vicentin está en proceso de quiebra. Más de 2 mil pequeños exportadores acompañan al gobierno en su decisión, al igual que los trabajadores. La cerealera tiene deudas con bancos locales, extranjeros y el Estado argentino.

El gobierno de Mauricio Macri violó las nomas crediticias del Banco de la Nación y prestó a los dueños de Vicentin millones de dólares meses antes de terminar la administración, lo que fue considerado una estafa al Estado y a la entidad crediticia; además, el dinero fue desviado. La deuda al Estado y productores es de mil 500 millones de dólares y se comprobaron varias maniobras ilícitas para vender la empresa a fondos extranjeros.

El ataque contra el gobierno es alentado por la opositora alianza Juntos por el Cambio, encabezada por la derechista Propuesta Republicana (PRO) bajo la presidencia ahora de la ex secretaria de Seguridad del gobierno de Macri, Patricia Bullrich, ligada a sectores de inteligencia de Estados Unidos e Israel.

El PRO está al frente de la dura campaña de prensa contra el gobierno de Alberto Fernández por el tema de la cuarentena, y hostiga cada una de las medidas que toma su administración.

Durante la presentación por los seis meses de gobierno de Fernández realizada ayer ante el Senado por el jefe de gabinete Santiago Cafiero, éste reseñó la dura negociación para restructurar la deuda externa habiendo asumido el gobierno el 10 de diciembre pasado con una cesación de pagos de un monto que se disparó en los cuatro años de Macri a casi 200 mil millones de dólares. El adeudo equivale a 91 por ciento del producto interno bruto y en estos momentos se negocia con los bonistas.

También reseñó todo lo que se ha hecho para reconstruir un sistema social y de salud afectado por la falta de inversión, ya que la pobreza se disparó a más de 40 por ciento. Sobre este panorama llegó la pandemia del nuevo coronavirus, por lo cual se dispuso desde marzo una cuarentena que permitiera reparar parte de un sistema de salud abandonado haciendo malabares.

Macri espió hasta a la familia

En este escenario, el escándalo del espionaje crece en el país. Se informó que además de políticos, abogados y jueces, ente los espiados durante el gobierno de Macri figuran varios de sus familiares, como su hermana menor, Florencia, y su esposo. Por igual lo fueron su fallecida hermana Sandra y su marido, al parecer por cuestiones de herencia.