El brutal asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortíz y su esposa Verónica Barajas, cometido enfrente de sus hijas menores, dentro del domicilio familiar, muestra una falla en la seguridad nacional.

Para quienes se han encargado de polarizar la sociedad, haciendo señalamientos contra funcionarios judiciales, nombrándolos el cártel de los ampareros, no será una sorpresa esta noticia. Si los jueces son parte de los enemigos de la nación, en esa lógica, se trata de un ajuste de cuentas. Nada más alejado de la realidad. Los funcionarios judiciales que, de cara a los delincuentes y a la sociedad, dictan sentencia son el rostro del Estado. El Poder Judicial de la Federación (PJF) deja de ser un concepto etéreo para solidificarse en esa persona que resuelve los juicios. Mirar de frente a un delincuente comprobado para decirle cuántos años pasará en prisión y para decirle que todos los bienes adquiridos ilegalmente pasarán a propiedad del Estado no es cosa menor. Menos cuando los delincuentes están acostumbrados a vivir en la impunidad. A grado tal que amenazan con arrasar poblaciones si no se acatan sus órdenes.

Según la nota de El Universal ¿Fallas de inteligencia en la ejecución del juez de Colima?, firmado por Raúl Rodríguez Cortés, el gabinete de Seguridad Nacional tenía noticia de un golpe inminente al Estado mexicano. Se tomaron providencias para proteger a integrantes del Poder Ejecutivo de la Federación, pero no se dio vista al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ni demás integrantes del PJF.

Esta información es verosímil. El CJF es muy cuidadoso en cuidar de los titulares, pero para ello necesita tener noticia de riesgos adicionales a los regulares. Hoy se señala un grupo delictivo como el probable responsable de la muerte del juzgador federal, por los juicios que el asesinado tuvo. Se olvida que todos los días, todos los jueces resuelven asuntos de ese cártel y de delincuentes menores, se olvida que muchos asuntos civiles y laborales involucran a delincuentes declarados o encubiertos. No hay materia judicial segura. Así, el CJF tiene áreas de seguridad y vigilancia que cuentan con mecanismos de protección, pero no puede actuar sin algún signo de que deben ampliarse las medidas de seguridad regulares. En un país con los mayores índices de violencia y homicidios en décadas, los juzgadores forman parte del frente de batalla. No sólo militares y policías buscan frenar a esa delincuencia cada vez más empoderada: los jueces autorizan cateos, ordenan aprehensiones, abren juicios y dictan condenas. Porcentualmente, las sentencias son mínimas, pero la función judicial está supeditada a la debida actuación de los órganos de procuración de justicia. La seguridad de los jueces también está supeditada a la información que obtengan de los otros poderes: el CJF no cuenta con la infraestructura para un área de inteligencia que le permita tener la misma información nacional que el Ejecutivo Federal. Es impensable suponer que el CJF hubiera dejado de actuar si hubiera contado con advertencia del riesgo inminente.

La indignación y reclamos de justicia por parte del ministro presidente del CJF deberían tener eco en la sociedad. Cuando se asesina a un juzgador, se asesina a las personas que encarnan la búsqueda de legalidad y de paz social. Acabar con un poder judicial independiente no sólo beneficia a los delincuentes, también lesiona al Estado de Derecho: ¿para qué recurrir a un sistema de justicia que no defiende a sus operadores, menos a los denunciantes?

El Juez Villegas no es el primer juez muerto a manos de los delincuentes. No es un crimen más en la larga lista diaria de muertos, pero sí es un crimen más en la lista de juzgadores que dieron la vida por una idea de país, por un futuro que parece no llegar, por una promesa que hace generaciones se hizo a los mexicanos que pensamos en la legalidad como medio de bienestar.

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