La tormenta desatada por el Covid-19 dejó expuestas las carencias del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), lo cual ha abierto la puerta al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que lo restructure de manera profunda. Sin embargo, en el camino se encuentra ante el gran reto de saber comunicar de manera clara y precisa que no se trata de una nacionalización y que respetará los ahorros de los trabajadores, manifestó Gustavo Leal, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“López Obrador está ante la oportunidad histórica, como la que tuvieron Lázaro Cárdenas con el petróleo o Adolfo López Mateos con la electricidad, de hacer un ajuste profundo en beneficio de los mexicanos, porque, como él dijo, el esqueleto de la reforma neoliberal de 1997 a las pensiones va en contra, es decir, no dar, sino quitar, por lo que urge remodelar el sistema, dijo el catedrático en entrevista.

En días recientes el Presidente ha sido cuestionado por querer apropiarse de los recursos de los trabajadores, por sus declaraciones de que contempla una reforma al sistema de pensiones al considerar que el modelo de las Afore ha perjudicado a los mexicanos.

Desde el punto de vista del experto de la UAM, el mandatario tiene razón al proponer un giro en el modelo pensionario del país, lo cual no implica necesariamente desaparecer las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), sino que se debe crear un nuevo esquema basado en la contribución definida, es decir, que garantice una pensión a todos los trabajadores, pero complementado con el ahorro en cuentas individuales.

Lo que se necesita es un esquema basado en el beneficio definido, reforzado con el dinero depositado en las Afore. Plantear así el problema abriría al Presidente la posibilidad de desmontar la mentira de que atenta contra el fondo de pensiones, pues sencillamente, como estamos viendo en el caso de la industria eléctrica, se pondría orden en beneficio de los trabajadores mexicanos, explicó.

Sin embargo, advirtió, al aplicar un esquema de este tipo, gobierno y trabajadores deben tener dos cosas muy claras y asumirlas como parte de la realidad: habrá un costo fiscal importante para el país y nadie tendrá una pensión más allá de lo que haya cotizado.

En ese sentido, expresó que un esquema de beneficio definido significará una carga fiscal adicional que el gobierno debe absorber por un tema de justicia social con los trabajadores que ya sirvieron al país, y el reto es encontrar los recursos sin implementar nuevos impuestos, dado que eso generaría molestia en la sociedad.

Sobre el nivel de las pensiones, advirtió que no hay un solo modelo que las pueda aumentar de golpe, pues es un problema derivado de los bajos salarios que se pagan en el país.