los pingües negocios que el gran capital privado –autóctono y foráneo– hace en México a costillas del erario los organismos cúpula de ese sector le llaman estado de derecho y certeza jurídica, aunque en cualquier otro país el calificativo sería, simple y llanamente, atraco a la nación. Y dos casos de larga data lo ejemplifican: autoabastecimiento de energía eléctrica y minería, y en ambos casos la norma es el desfalco a las arcas estatales.

Días atrás el presidente López Obrador alertó sobre los contratos leoninos imperantes en el sector eléctrico –aunque parece que fue norma en todos los ámbitos de la economía nacional– y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció que los generadores privados de energía eléctrica (fundamentalmente los de autoabastecimiento) pagaban –por llamarle así– ínfimas tarifas de interconexión, de tal suerte que apremió a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que las actualizara.

La abismal diferencia entre tarifas cubiertas por tales generadores y el costo real lo asumía la CFE y, desde luego, se trasladaba al consumidor final, que en su recibo bimestral ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Ante tal panorama, con el aval de la CRE, la CFE estableció un aumento de entre 427 y 811 por ciento a las tarifas de porteo (lo que da una idea de qué tanto evadían los generadores privados), que son los derechos que pagan las compañías privadas por la utilización de las líneas de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad, y esta actualización de los costos se aplicará a los denominados contratos de autogeneración ( La Jornada, Alejandro Alegría).

Además, la CFE denunció la existencia de un mercado negro o paralelo de venta de energía eléctrica a través de simulación de sociedades de autoabastecimiento (consorcios privados), lo que ocasionó que en los tres últimos años la empresa del Estado no haya percibido alrededor de 22 mil 800 millones de pesos ( La Jornada, Israel Rodríguez).

Esa es la certeza jurídica (frase utilizada hasta el exceso por el comandante Borolas, durante su paso por Los Pinos) que defienden los organismos cúpula del sector privado, como en el caso de la Concamin (que ante la ficha quemada del presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, ha entrado al quite) que reclama: calificar el autoabasto de energía eléctrica como mercado negro es debilitar el estado de derecho y la certeza jurídica de México.

Entonces, de acuerdo con los organismos cúpula del sector privado, el estado de derecho es garantizar, estimular y aplaudir el atraco a la nación, mientras que la certeza jurídica se traduce en impunidad plena para violar la ley.

Y el caso de los consorcios mineros (nacionales y foráneos), un ejemplo documenta el panorama: en octubre de 2013, el Legislativo mexicano aprobó modificaciones a la Ley Federal de Derechos, y entre los cambios se aplicó una tasa especial a la minería de 7.5 por ciento (con un complicado mecanismo de deducibilidad), en el entendido de que esas empresas, con ingresos multimillonarios, apenas pagaban una ínfima proporción de los impuestos correspondientes.

Pues bien, la histérica presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá, Rosalind Wilson, chantajeó a los diputados mexicanos con abandonar el país si aprueban el impuesto especial de 7.5 por ciento; estamos fuertemente en retiro de aquí; las cargas impositivas han obligado a los inversionistas canadienses a trasladar sus capitales a otras naciones; no se equivoquen señores: nos vamos ( La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez).

Pero no se fueron, el nuevo derecho se aprobó, pero nadie les alteró, como dice la Concamin, su estado de derecho ni su certeza jurídica, y siguieron pagando al fisco el equivalente a 0.07 por ciento de sus ganancias (en su país de origen la proporción se aproxima a 25 por ciento).

Las rebanadas del pastel

Los gobiernos neoliberales legaron un cochinero en eso que algunos llaman estado de derecho y certeza jurídica. Pero se acabó.

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