Buenos Aires. El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció ayer que el gobierno intervendrá el Servicio Penitenciario Federal, organismo que quedó involucrado en la causa que investiga el espionaje ilegal contra más de medio millar de personas y que además alcanza a otras entidades oficiales, mientras la justicia ordenó el allanamiento de la cárcel de Ezeiza, al comprobar que los presos políticos fueron espiados lo mismo que sus familias y abogados, quienes en su momento hicieron denuncias sobre esta situación sin ser escuchados.

El escándalo de espionaje se agrava, y se suma la lista de querellantes entre los que figura el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, del partido Propuesta Republicana, del ex presidente Mauricio Macri, como sucede con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, quien en marzo de 2019 denunció que era espiada y presentó pruebas ante el ex mandatario, quien no dio explicaciones.

Se estima que el espionaje contra estos políticos propios o de dirigentes de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos tenía que ver con que podían amenazar el liderazgo de Macri, por lo cual la investigación no repercute sólo entre sectores políticos, periodísticos, judiciales o religiosos, sino en la alianza opositora que atraviesa una fuerte tensión.

Fernández designó a la ex juez María Laura Garrigós de Rébori como interventora del Servicio Penitenciario Federal. Lo que tengo que garantizar como presidente es que esto no vuelva a pasar, afirmó el mandatario al anunciar este nombramiento.

Rescata el gobierno empresa cerealera

En tanto, la intervención del presidente con fines de expropiación de la empresa cerealera Vicentín, a la que el gobierno consideró de utilidad pública, que estaba en convocatoria de quiebra y en vías de extranjerización, provocó una ola de adhesiones mientras la oposición lanzó una dura campaña, con un intento de movilización de sectores cerealeros en Santa Fe, tratando de imitar el llamado paro del campo de las grandes empresas ocurrido en marzo de 2008 contra un gravamen que intentó imponer la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.