Decenas de agricultores, inconformes con el trasvase de agua de la presa El Granero –ubicada en el municipio de Aldama– para cumplir con el Tratado Internacional de Aguas firmado en 1944 con Estados Unidos, retuvieron durante 12 horas en el municipio de Ojinaga al delegado de programas federales en Chihuahua, Juan Carlos Loera, quemaron su camioneta y dos vehículos de servidores de la nación, representantes de la Federación.

Loera acudió el martes a un diálogo con campesinos en la sede el ayuntamiento de Ojinaga, acompañado de René Almeida, secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua; Joel Gallegos, director de Gobierno estatal, así como de los diputados panistas Mario Mata y Jesús Villarreal. La reunión concluyó sin acuerdos.

Decenas de habitantes de Ojinaga y productores agrícolas rodearon a Loera hasta obligarlo a regresar a la sala de cabildo, después volcaron su camioneta y otros dos automotores de la Secretaría del Bienestar para obligar al cierre de las compuertas de la presa Luis L. León, mejor conocida como El Granero.

El delegado federal y los servidores de la nación fueron retenidos hasta las seis de la mañana del miércoles, después de que el alcalde de Ojinaga, Martín Sánchez, dialogó con los inconformes y disminuyó la extracción de agua de El Granero.

Un grupo de choque se infiltró en la protesta y amenazaron con tomar nuestras vidas, afirmó Loera en redes sociales. El delegado federal acusó que intereses políticos tanto de derecha como de izquierda provocaron el conflicto para desprestigiar el trabajo que hemos hecho en la Secretaría de Bienestar.

El Consejo Estatal de Morena acusó en un comunicado: Hacemos responsable al Partido Acción Nacional (PAN) y en particular al diputado federal Mario Mata por los hechos violentos ocurridos hoy, pues resultan de la campaña mediática de desinformación que él ha generado para polarizar y confrontar a los agricultores contra Morena y contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La bancada de Morena en el Congreso local también condenó las agresiones y atribuyó la violencia al gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado.

Rocío Reza, presidenta estatal del PAN, imputó la acometida a la poca capacidad de negociación y la cerrazón del gobierno federal para cumplir las demandas del sector campesino.