La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició seis carpetas de investigación por los delitos de robo y daño en propiedad ajena por las denuncias de representantes jurídicos de sucursales bancarias y una tienda deportiva que fueron dañadas y saqueadas durante una marcha el lunes pasado, del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Las cámaras de comercio (Canaco) y de comerciantes en pequeño (Canacope) estimaron en 92 millones de pesos las pérdidas por los daños causados a los establecimientos el 5 y el 8 de junio durante protestas contra los abusos policiacos.

De acuerdo con la Canaco, las pérdidas suman 22 millones de pesos, aunque Canacope señaló que son 70 millones por la afectaciones directas e indirectas a alrededor de 10 mil 200 comercios, colocando al sector en situación crítica.

En tanto, la Canacope reportó afectaciones directas e indirectas a alrededor 10 mil 200 comercios por las actividades realizadas los días referidos, lo que representa una pérdida aproximada de 70 millones de pesos. El organismo explicó que esta cantidad estimada de negocios afectados se calculó considerando los daños generados durante los dos días en las rutas que siguieron los manifestantes, las cuales cruzan zonas altamente comerciales donde intervienen amplias cadenas productivas.

El vocero de la FGJ, Ulises Lara López, informó que la Policía de Investigación cuenta con información e imágenes, tanto fotográficas como en video, de personas que participaron en los saqueos, así como de otras que aparentemente incitan a cometer hechos delictivos en otros eventos ocurridos en días pasados –como Matthew Alexander Ortiz Martel, quien lanzó brillantina al ex jefe de la policía Jesús Orta–, señaló en un mensaje virtual a medios.

La fiscalía defiende la libre manifestación de las ideas, pero no comparte, ni existe razón, para cometer actos delictivos en nombre de una causa, como sucedió el lunes en la zona centro de la capital, lo cual no toleraremos ni permitiremos que queden impunes, advirtió.

Ante ello, exhortó a los propietarios de negocios afectados a presentar la denuncia, como hicieron los representantes jurídicos de establecimientos afectados en la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc.