Buenos Aires., Como un verdadero e inédito escándalo calificó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el espionaje ilegal que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dependiendo directamente de Mauricio Macri, cuando éste gobernaba Argentina, y que utilizó a narcotraficantes para perpetrar atentados contra funcionarios de su propio gobierno, así como el seguimiento y espionaje político a opositores y a sus aliados, al presentarse ayer como primer testigo ante el juez Federico Villena, quien lleva la causa por estos gravísimos hechos.

La ex mandataria mencionó la complicidad de la Corte Suprema en la difusión ilegal de escuchas de las que fue víctima, y señaló el papel de los medios masivos de comunicación en todo este armado de persecución política.

La causa por espionaje ilegal fue abierta después de la reciente denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó archivos que evidencian la ilegalidad de lo actuado en el espionaje a cientos de políticos, jueces, periodistas, intelectuales, sindicalistas, empresarios y religiosos sin previa orden judicial.

El juez Villena decidió citar como testigos a todas las víctimas del espionaje en el contexto de la causa que abrió en 2018 al investigar una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado nacional, provincial y local, por medio de agentes de inteligencia o miembros de fuerzas de seguridad.

Se trataba de un narcotraficante, Sergio Verdura Rodríguez, quien destapó un escándalo de grandes proporciones cuando fue detenido y para salvar a su familia procesada reveló que un abogado y espía de la AFI, Fernando Melo, le pidió que dejara un paquete bomba en la casa del ex secretario de Defensa José Luis Vila para darle un susto.

Esto permitió encontrar documentación que acreditaría los seguimientos y vigilancias a diversos sectores desde entonces. También ahora se uniría la causa por el espionaje a los presos políticos y sus abogados, otro escándalo de envergadura durante el gobierno de Macri.

Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho en la AFI macrista y no puedo evitar recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada, publicó la vicepresidenta en Twitter.

Me acuerdo, por ejemplo, cuando en marzo de 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones con Óscar Parrilli, que habían sido grabadas por la oficina de espionaje que Macri hizo depender de la Corte Suprema de la nación, afirmó.

En tanto, el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa de alimentos agroexportadora Vicentín, como paso previo a su expropiación.

Vicentín después de solicitar un préstamo millonario concedido en forma ilegal por el Banco de la Nación durante el gobierno de Macri, no sólo no lo devolvió, sino que logró otras grandes sumas de dinero y estaba preparando la quiebra.

Fernández explicó que la administración pública tomaría el control de 51 por ciento de la compañía, que ocupa el sexto lugar en el sector agroexportador y se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda de 350 millones de dólares que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una suma total de mil 350 millones de dólares y que está en concurso preventivo de acreedores camino a la quiebra. Consideró que con esta medida está dando pasos hacia la soberanía alimentaria, y que esto se discutirá en el Congreso. Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y el infierno, dijo con ironía.