La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) advirtió que el decreto de medidas de austeridad publicado el pasado 23 de abril frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento, y aunque ayer mismo la Secretaría de Gobernación aseguró que no se verán afectadas las labores de dicho organismo, su titular, Mara Gómez Pérez, señaló que el tema del recorte presupuestal aún no se ha aclarado totalmente.

En entrevista, la funcionaria lamentó que, de concretarse, la baja de 75 por ciento en el gasto corriente del organismo a su cargo podría significar prácticamente su desaparición, lo que dejaría indefensos a los más de 7 mil 200 usuarios que actualmente dependen de la CEAV.

Por su parte, legisladores de oposición e integrantes de diversos colectivos civiles afirmaron que la emergencia sanitaria por el Covid-19 está siendo utilizada por el actual gobierno para lastimar a instituciones que le incomodan, y llamaron a preservar la comisión, pues aún existe una gran deuda histórica del Estado mexicano con las víctimas de la violencia.

Durante la mañana de ayer, la CEAV dio a conocer un comunicado en el que advirtió que resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del gobierno federal, pues no es propietaria de ninguno de los inmuebles en que opera, la mayoría de sus servicios son subcontratados y gran parte del personal fue contratado “de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing”.

En charla con este diario, Gómez Pérez explicó que de su gasto corriente disponible de 189.7 millones de pesos –basado en las partidas presupuestales 2000 y 3000–, la política de austeridad implicaría un recorte de 139.4 millones de pesos. Además, 121.9 millones ya están comprometidos en 43 contratos para renta de inmuebles, contratación de personal a través de out­sourcing, seguridad, telefonía, servidores de Internet, viáticos, papelería y otros servicios básicos.

Estoy totalmente de acuerdo en que el gobierno debe ser austero, especialmente por la difícil situación existente por los efectos del Covid-19, pero la CEAV tiene la particularidad de depender de los capítulos presupuestales 2000 y 3000, lo que la hace exageradamente vulnerable, lamentó Gómez.

Luego de admitir que el recorte de fondos implicaría la virtual desaparición de la CEAV, dijo confiar en que este escenario se va a arreglar de alguna manera y subrayó que su principal preocupación son las 7 mil 200 víctimas que dependen de la existencia y el buen funcionamiento del organismo.

Fuentes cercanas a la institución señalaron que hasta el momento no hay claridad sobre el número de trabajadores eventuales o contratados por outsourcing que decidieron no continuar laborando en la comisión, luego de que se les notificara la falta de recursos para pagar sus sueldos, pero indicaron que si el tema se resuelve, dichos empleados podrían volver a sus puestos para aprovechar sus conocimientos.

En tanto, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el recorte presupuestal a la CEAV afectaría a su planta laboral y a sus 7 mil 200 usuarios. Usando de pretexto la emergencia sanitaria, el gobierno federal lastima las instituciones que le incomodan, en este caso la autonomía técnica de la CEAV, dijo.

La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, Idheas y la Red Eslabones por los Derechos Humanos señalaron que la incertidumbre presupuestal de la CEAV afecta a personas cuya vida ha sido afectada por la violencia.