En lo que se perfila como un escenario previo de lo que fue la masacre de Acteal, se teme una fuerte hambruna y un desastre humanitario de los desplazados tzotziles en los tres municipios de los Altos de Chiapas, donde existen numerosas familias que han salido de sus comunidades por la violencia paramilitar de Chenalhó, alertaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (conocido como Fideo), respectivamente, en voz de Pedro Faro y la actriz Ofelia Medina, junto con Marcos Pérez, consejero y figura muy respetada del municipio de Chalchihuitán.

En conferencia de prensa celebrada en San Cristóbal de Las Casas, los organismos hicieron un llamado urgente al Estado para aplicar un plan de emergencia alimentaria hacia los pueblos originarios. También declararon urgente la presencia de la Cruz Roja Internacional para la atención de los desplazamientos internos y contribuir en la ayuda humanitaria.

Declararon apremiante que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno de Personas en el estado de Chiapas atienda la situación de manera integral y dé acuerdos a los principios rectores y laa directrices de la ONU relacionadas con el Covid-19.

Al emitir un llamado urgente ante esta situación grave, las dos ONG exigieron a los gobiernos federal y estatal una actuación con debida diligencia para implementar medidas cautelares en favor de centenares de niños, mujeres y hombres en condiciones precarias.

En su llamado, ambas organizaciones indicaron: La alimentación es un derecho constitucional reiteradamente violado en la población indígena, y gravemente en la desplazada. Este incumplimiento produce daños graves a la salud de toda la población y en especial a la infancia.

Detallaron que es necesario atender de manera puntual y efectiva las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de los derechos humanos en la atención a la pandemia de Covid-19, que recoge lo expresado por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, procedimientos especiales, órganos de tratado y otros mecanismos y redes de la ONU respecto a los elementos en la materia a tomar en cuenta en la atención a la crisis y sus consecuencias.

Consideran clave que se desactive la violencia en estos territorios, provocada por grupos civiles armados de corte paramilitar que deviene de décadas de impunidad.

Agregaron que mientras Chiapas se convierte en una de las entidades con más rápida propagación del coronavirus, las familias desplazadas en los municipios tzotziles de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, todas bajo los techos mínimos del desamparo, enfrentan una carencia casi total de alimentos, agravada por la imposibilidad (a riesgo de perder la vida) de trabajar sus parcelas en las comunidades de donde fueron desplazados por una especie de coalición paramilitar cobijada por los caciques y el gobierno constitucional de Chenalhó, tolerada por el gobierno estatal y las fuerzas armadas.

Los testimonios de ataques armados, algunos durante varias horas, son constantes, prácticamente a diario, al menos en Chalchihuitán, y dice Ofelia Medina: Con lágrimas en los ojos los indígenas hablan de su hambre. También celebra que a pesar de la violencia que sufren se mantengan en resistencia pacífica. Además, dijo que como los juzgados están cerrados, no hay quien haga justicia, al igual que ocurría cuando estaban abiertos.