Este jueves se cumple un año de que Alonso Ancira, presidente y principal accionista de Altos Hornos de México (AHMSA), fue detenido en España tras ser acusado por el gobierno mexicano de participar en una serie de delitos que motivaron un daño patrimonial a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, las autoridades no han concluido la extradición del empresario, mientras las condiciones de los trabajadores de la siderúrgica se deterioran y con ello la economía de la región donde se encuentra la empresa.

Monclova y la región centro de Coahuila han resentido la pérdida de al menos 12 mil empleos en un año, consecuencia directa de los problemas económicos de AHMSA, la crisis de la zona se agravó con las afectaciones a otras empresas proveedoras de la siderúrgica. En tanto, Ancira sigue a la espera de un proceso de extradición que ha entrado en letargo por el cierre de actividades a causa de la pandemia de coronavirus.

El viernes pasado, AHMSA anunció una reducción de 20 por ciento en el salario de sus trabajadores durante dos quincenas, la segunda de mayo y primera de junio, para enfrentar la caída en pedidos y en el precio del acero, ambas a consecuencia de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia.

El 28 de mayo de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que agentes de la Interpol habían detenido al empresario en el aeropuerto de Mallorca, España, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Estados Unidos.

La detención fue producto de una denuncia que Pemex presentó el 5 de marzo de 2019 en la que se atribuyen al empresario delitos relacionados con la venta de una planta de Fertilizantes Nacionales (Fertinal) a un sobreprecio de 500 millones de dólares a la petrolera del Estado, que en el momento de la transacción era dirigida por Emilio Lozoya, también sujeto a proceso de extradición en España.

Menos de 24 horas antes de la detención de Ancira, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda ordenó que se congelaran las cuentas bancarias de AHMSA y de Lozoya, al tiempo que se giró una orden de aprehensión contra este último.

Sin embargo, fue hasta inicios de febrero de este año cuando, también en España, fue detenido Lozoya, acusado de corrupción en la compra de la planta a AHMSA y por estar involucrado en supuestos sobornos para conceder contratos a la empresa brasileña Odebrecht.

Respecto a Ancira, un mes después de su detención, un juez de España le otorgó la libertad bajo fianza, con la condición de no abandonar el país, comparecer cada dos días y pagar una fianza de un millón de euros. A partir de entonces la justicia mexicana ha intentado extraditar al llamado rey del acero; sin embargo, en el camino se ha encontrado con una serie de amparos.

El 10 de marzo pasado, durante una audiencia, Ancira solicitó no ser extraditado a México debido a que, dijo, es un país sin leyes, al tiempo que señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador actúa como un mitómano del tamaño de Hitler.

El aún presidente de AHMSA (fue ratificado al frente de la compañía en febrero pasado) y su defensa, argumentan que él es sólo un daño colateral, dado que las acusaciones contra su persona son falsas, instigadas por el gobierno de López Obrador, como parte de una campaña contra la administración de Enrique Peña Nieto.

A finales de abril pasado, la FGR informó que una vez que se reabran en su totalidad los juzgados españoles (cerrados por la pandemia de Covid-19) reiniciará los procesos de extradición tanto de Alonso Ancira, como de Emilio Lozoya.

, con el fin de que sean juzgados en México por sus supuestos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.