a pandemia que enfrenta la humanidad ha puesto de relieve la necesidad de que todos los países cuenten con sistemas de salud pública con capacidad de respuesta ante eventualidades que ponen en riesgo a sus poblaciones. Tras décadas de predominio de la visión neoliberal, en la que se desmantelaron prácticamente todas las áreas económicas de participación significativa del Estado, como la siderurgia, fertilizantes, etcétera, nos damos cuenta ahora, en medio de esta crisis, que también se privatizó la noción de que salvaguardar la salud de su población era responsabilidad del Estado.
Esta privatización de la responsabilidad estatal frente a la salud pública justificó que se quebrara la estructura de atención sanitaria, dejando que el sector privado atendiera los requerimientos de salud pública. El sector privado se ocupó de generar espacios rentables de atención médica, sin responsabilizarse de la atención de los requerimientos sociales. Frente a este quiebre de la capacidad de atención pública de la salud, la respuesta fundamental para evitar que la pandemia cobrara más vidas ha sido el confinamiento. Ello ha reducido significativamente la expansión del contagio, evitando fallecimientos, pero ha detenido abruptamente el funcionamiento económico.
El haber privilegiado lo privado frente a lo público en la salud en muchos países ha costado miles de vidas y costará decenas de millones de puestos de trabajo en el mundo. El colapso económico se propagará durante varios meses, provocando contracción de las actividades productivas y comerciales y, consecuentemente, una masiva pérdida de empleos en todos los circuitos económicos. Enfrentaremos una espiral recesiva que solo será posible detener, y después revertir, a través de la acción de los estados. La participación del sector privado es importante, pero lo decisivo es la acción estatal.
Corresponde a los gobiernos responder enérgica y eficientemente. Priorizar claramente las acciones a instrumentar es fundamental. La mayor prioridad, por supuesto, está en reforzar nuestros diezmados sistemas de salud, protegiéndolos presupuestalmente, recuperando la noción de que corresponde al Estado atender la salud pública. En segundo lugar, importa que a nivel regional latinoamericano nos propongamos impulsar la producción de equipos médico-sanitarios, así como de formar profesionales dedicados a la salud primaria de la población. En tercer lugar, es necesario ampliar las medidas económicas destinadas a proteger a la población que está siendo duramente golpeada por la crisis y que no cuenta con herramientas que le permitan defenderse.
Las acciones deben buscar impactar inmediatamente, por lo que parece útil remitirse a experiencias de apoyos generales, como el de adultos mayores en la CDMX o el ingreso ciudadano universal, que han probado ser de instrumentación relativamente sencilla, aplicándolos a nivel de los estratos con menores ingresos. El cuarto asunto es resolver la fuente de financiamiento del gasto implicado en las acciones anteriores. El monto de recursos que habrá que utilizar será de alrededor de 5 por ciento del PIB de cada país. La fuente con la que es posible y necesario financiar estas acciones es la tributaria. Es indispensable, y políticamente conveniente, que acordemos una amplia y progresiva reforma fiscal en la región que amplíe la capacidad financiera de nuestros estados.
Esta fuente de financiamiento, sin embargo, no aporta recursos de inmediato. Por su propia naturaleza demora un buen tiempo para que los nuevos ingresos se recauden. Por eso, se requiere acudir a otras fuentes. La más obvia es el endeudamiento público, tanto interno como externo. Sin embargo, aún con costos a la baja, es evidente que amplía las necesidades presupuestales para el servicio de la deuda en los ejercicios siguientes. En el caso mexicano, por ejemplo, el pago de intereses de la deuda pública equivale a tres puntos del PIB. Contratar más deuda es indudablemente comprometer pagos futuros mayores.
Por eso, ante urgencias sociales evidentes es conveniente dejar de pagar los intereses de la deuda pública externa, tanto con bancos privados como con organismos financieros internacionales, durante el tiempo necesario para que las economías recuperen su ritmo de crecimiento. No se piensa en posponer este pago de intereses, como han planteado los bancos privados en México, sino eliminarlo.
La crisis ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que son ciertamente inadecuadas. Recuperar la solidaridad como un valor global, permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalidad ha relegado. Es el tiempo de que juntos gobiernos y sociedad civil nos asociemos para construir un futuro mejor.
