Extinguir los fideicomisos sin un análisis profundo pone en riesgo la garantía de los derechos humanos de muchos de los sectores a los que van dirigidos esos fondos, advirtió la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

En una revisión a las propuestas para eliminarlos, consideró que deben aplicarse mecanismos para no incrementar la vulnerabilidad de los beneficiarios, además de que los procesos se tienen que dar con máxima publicidad y rendición de cuentas.

La polémica de los últimos días sobre la extinción de 44 fideicomisos, desatada a partir de una iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados, visibiliza la falta de claridad de los mecanismos que el gobierno está tratando de implementar respecto a su desaparición.

Ya son tres los intentos de eliminarlos. La Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada el 20 de noviembre de 2019, ordenó analizar su eficacia para construir el presupuesto federal de 2020; aunado a ello, el pasado 2 de abril se publicó un decreto que ordena extinguirlos para el día 15 de ese mes; aunque salvaguarda los constituidos en ley, hasta ahora se desconoce si se cumplió o no con ello. Finalmente, la iniciativa de los diputados de Morena señala la eliminación de otros fideicomisos mediante procedimientos distintos a los establecidos en los dos lineamientos anteriores, por lo que no es claro cuáles desaparecen y qué procesos van a seguir.

Fundar reconoció que tras las voces que se alzaron contra la extinción de estos apoyos, la bancada del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador haya frenado la iniciativa y propuesto un modelo de parlamento abierto para discutirla. Los distintos cambios respecto al tema aumentan la incertidumbre y preocupación de varios sectores de la población sobre la racionalidad en la toma de decisiones en la política de los mismos, pues la iniciativa se suma a otros procesos para desaparecerlos que no han concluido, creando aún más confusión.

Recordó que los fideicomisos son instrumentos financieros de utilidad para el cumplimiento de fines públicos, pues permiten destinar recursos y crear reservas para atender objetivos específicos, como una contingencia ambiental o de salud, sin que estos recursos sean utilizados para otros objetivos. Por eso es importante que se garanticen mecanismos de control para explotar su utilidad y eficiencia.