Luego de más de cuatro años, la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) reactivó la averiguación previa iniciada con motivo de la Operación Rápido y Furioso, en la cual autoridades de Estados Unidos entregaron entre 2009 y 2011 más de 2 mil armas de fuego a integrantes de grupos de la delincuencia organizada que operan en territorio mexicano, entre ellos, el cártel de Sinaloa, presuntamente con conocimiento de autoridades nacionales, informaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad.

Ante las solicitudes de información que el gobierno de mexicano hizo a las autoridades estadunidenses para establecer si el ex presidente Felipe Calderón estuvo enterado yautorizó la entrega ilegal de armas y su seguimiento en territorio nacional, así como el involucramiento del ex procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en la actual Fiscalía General de la República (FGR) se ordenó la revisión del expediente y la incorporación de los datos que se entreguen mediante la Cancillería.

Las autoridades consultadas señalaron que la detección de armas procedentes de armerías de Estados Unidos en manos de cárteles mexicanos, y particularmente una de ellas en una de las viviendas que ocupaba Joaquín El Chapo Guzmán Loera cuando fue capturado en 2015, forma parte de las evidencias de la averiguación previa por la cual no se ejercitó acción penal en contra de ningún mexicano.

Plan inconcluso

El armamento entregado a miembros del crimen organizado mediante Tucson y Phoenix, por parte de elementos de la Agencia para el control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), pretendía rastrearlas en México y detenerlos, a esta operación se le conoció como Rápido y Furioso.